El proyecto de urbanización y reparcelación del sector IV de Finca Terol, en Tibi, continúa en exposición pública desde diciembre de 2025. El Ayuntamiento está llevando a cabo las notificaciones individuales a los propietarios y, según ha explicado el alcalde, José Luis Candela, el periodo de alegaciones no se cerrará hasta que todos los afectados hayan recibido la documentación y dispongan de los tres meses establecidos para presentar propuestas o reclamaciones.
Hasta el momento se han realizado alrededor de 400 notificaciones de las cerca de 1.100 parcelas existentes en la urbanización. El objetivo municipal, según Candela, es prolongar el proceso lo necesario para garantizar que todos los propietarios puedan participar y plantear las cuestiones que consideren oportunas.
Planeamiento de 2020
El procedimiento actual tiene su origen en un planeamiento que se remonta a 1976. El Ayuntamiento inició formalmente el proyecto de reparcelación forzosa y urbanización del sector IV el 19 de noviembre de 2025, mediante Decreto de Alcaldía, para actualizar una actuación cuyo desarrollo comenzó en 2010.
En 2020 se aprobó el planeamiento definitivo, que incluyó además la desclasificación de los sectores 1 y 2. Posteriormente, el Ayuntamiento encargó la actualización de los proyectos y solicitó para ello un préstamo a la Caja Provincial de Crédito, cuyo coste, recuerda el alcalde, no se repercutirá a los propietarios.
En diciembre de 2025 comenzó el periodo reglamentario de exposición pública y la posterior fase de notificaciones individuales a los propietarios a principios de 2026.
Un proyecto de 51 millones
Uno de los principales focos de conflicto es el elevado coste de la urbanización. La actuación está valorada inicialmente en unos 51 millones de euros, mientras que las cargas previstas para los propietarios se sitúan, de forma aproximada, entre 40.000 y 80.000 euros por parcela.
Estas cantidades han generado preocupación entre los residentes, que consideran que el desembolso puede resultar difícil de asumir para muchas familias. Por este motivo, el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios están trabajando actualmente en distintas alternativas para reducir el coste de las obras.
Rebajar costes
Ahora mismo, explica el primer edil, el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios están trabajado conjuntamente para reducir el coste de las obras. El alcalde señala que se ha conseguido rebajar la previsión inicial en unos 7 u 8 millones de euros mediante modificaciones en aspectos como el pavimento, el alumbrado, las aceras, las conducciones de agua y otras características de la urbanización.
El alcalde señala que el equipo de gobierno está aprobando todas esta modificaciones, a pesar de que “los técnicos no están de acuerdo”. Explica que “se han quitado las aceras, que van a estar hormigonadas. No van a haber zonas de aparcamiento, estarán pintadas simplemente y no habrá nada de bordillo. Y todavía estamos estudiando más cosas, porque está claro, que el precio del hormigón ha subido muchísimo de precio”.
No obstante, añade Candela, existen elementos que no pueden modificarse porque vienen determinados por la normativa y por la Conselleria, como las rotondas de acceso a la urbanización o las pantallas acústicas. En este sentido, el Ayuntamiento anuncia que negociará con la Conselleria para que sea la propia administración autonómica la que asuma la ejecución de las rotondas exteriores, como ocurrió con Pinada del Río.
Problemas con edificaciones
La actualización del proyecto también ha permitido detectar situaciones particulares en algunas parcelas ya construidas, relacionadas con lindes, vallados, zonas verdes, dotaciones o terrenos ocupados por viviendas.
Sobre esta cuestión, el alcalde señala que se están estudiando soluciones y asesorando a los propietarios durante el actual periodo de alegaciones. Para ello, se ha habilitado un arquitecto y personal administrativo municipal “que está orientando a los vecinos sobre cómo plantear sus reclamaciones y buscar soluciones a las diferentes situaciones que se están detectando en las parcelas”.
Según explica el alcalde, los principales problemas están relacionados con pequeños ajustes de lindes, terrenos aportados por encima de lo que corresponde o parcelas afectadas por zonas verdes y dotaciones.
El Ayuntamiento asegura que su intención es buscar soluciones que minimicen el impacto sobre los propietarios y descarta actuaciones como el derribo de viviendas o la expropiación.
También se están estudiando los casos de viviendas ya construidas. Estas construcciones pueden descontarse de las cargas urbanísticas en aquellos casos en los que el propietario ya haya agotado el aprovechamiento urbanístico de su parcela. El Ayuntamiento analiza además la situación de los propietarios que puedan tener dificultades para afrontar económicamente los costes de urbanización.
Afectados por la vía pecuaria
Otro de los asuntos pendientes es la vía pecuaria. El Ayuntamiento mantiene abierto un expediente con la Conselleria para trasladar su trazado actual, que discurre por la Colada Seca, a un vial interior de la urbanización, denominado Alameda, que conectaría posteriormente con el camino de Les Casetes.
Sin embargo, el expediente se encuentra paralizado hasta que los viales pasen a ser de titularidad municipal. Una vez aprobado el proyecto de urbanización y reparcelación y ejecutadas las obras, el Ayuntamiento podrá recepcionar los viales y completar el traslado de la vía pecuaria. El alcalde asegura que el procedimiento está avanzado y que la Conselleria ya ha dado su conformidad al cambio de trazado.
Plazos de aprobación
El Ayuntamiento todavía no ha fijado una fecha para llevar el proyecto a pleno, ya que continúa revisando mediciones, partidas y costes y debe resolver las alegaciones presentadas durante la exposición pública. Candela señala que las alegaciones relacionadas con la urbanización son actualmente “mucho menos numerosas” que las relativas a la reparcelación.
Una vez aprobado el proyecto, se procedería a licitar las obras. En estos momentos no existe ninguna empresa seleccionada ni comprometida con su ejecución, segura el primer edil, y está previsto que los trabajos se desarrollen por fases de obra, como alcantarillado, agua, electricidad y otros servicios, y no por sectores de la urbanización.
Paralelamente, el Ayuntamiento está revisando las condiciones de pago de las cargas. La intención es ampliar de tres a cinco años el periodo de ejecución y aumentar de seis a entre ocho y diez las cuotas de pago. También se está estudiando, junto a los Servicios Sociales, la situación de los propietarios que se encuentren en condiciones de especial vulnerabilidad.
Como se ha venido informando, el proyecto se tramita mediante gestión directa, por lo que el Ayuntamiento asume la condición de urbanizador, gestiona las obras públicas y distribuye los costes mediante el sistema de reparcelación forzosa. Dentro de este proceso, el Consistorio deberá asumir alrededor de 3 millones de euros correspondientes a las parcelas de titularidad municipal.
Dejarlo sin urbanizar
José Luis Candela descarta que el proyecto de urbanización de Finca Terol pueda quedar paralizado. El alcalde defiende la necesidad de continuar con la actuación y argumenta que la situación actual de la urbanización plantea también problemas ambientales. En este sentido, señala que Terol se encuentra en una situación “ilegal, alegal” y advierte de que “no se podría llevar a cabo el estudio de impacto ambiental como quieren porque no se pueden estar vertiendo esas cantidades procedentes de las fosas sépticas y los pozos ciegos”. Según añade, la Confederación Hidrográfica “ya ha advertido seriamente sobre esta situación”.
Candela recuerda además que el suministro de agua a la urbanización lo realiza actualmente el municipio de Agost, por lo que niega que el Ayuntamiento de Tibi haya podido ejercer ningún tipo de presión sobre los vecinos. El objetivo municipal, explica, es que Finca Terol pueda disponer de su propio pozo y depósito, tal y como contempla el proyecto, aunque puntualiza que “si las viviendas no son legales no podemos hacerlo”.
