Seguramente no vamos a leer mucho esta idea para paliar algo el problema de la vivienda –el principal para los españoles desde hace años– durante esta campaña electoral. No la propone quien toca. No interesa. Tal vez, hasta podría darle algunos votos, y no es plan. No hace falta una inversión pública multimillonaria. Tampoco, esperar años, se podría aplicar de forma inmediata. Incluso mataría dos pájaros de un tiro, porque garantizaría tranquilidad a los rentistas, esos compatriotas que están entre nosotros y que tienen todo el derecho del mundo a ganarse unos euros fruto de sus ahorros.
¿En qué consiste? En que el Estado alquile las viviendas vacías de particulares, esos dos millones de pisos y casas en las que no vive nadie y que permanecen cerradas inútilmente mientras millones de familias buscan un techo a un coste asequible. Al gestionarlo el sistema público, se arrendarían por una cuota razonable, lejos de los abusos actuales en el mercado salvaje, y el casero sabría que iba a cobrar sí o sí. Nada de ‘inquiokupas’ ni otras cantinelas, los morosos de toda la vida.
Una de las razones que se esgrimen desde ciertos sectores apunta a que hay mucha vivienda sin alquilar, que no sale al mercado, porque “falta seguridad” jurídica, se supone que abundan los propietarios que tienen miedo a no cobrar y no poder desalojar a los moradores. De hecho, en otros países cercanos –y aquí también– se recurre con frecuencia a que una inmobiliaria, unos profesionales, en definitiva, gestionen el arrendamiento aunque se queden un porcentaje, su comisión. Como hacen también las empresas con sus seguros de pago garantizado. Sacrificar algo de beneficios a cambio de tranquilidad.
A esta idea que oí por primera vez la otra noche en el programa de televisión de David Broncano, La Revuelta, sólo le encuentro dos pegas. La primera, que esos morosos –unos por necesidad, si les vienen mal dadas en el trabajo, y otros por caraduras– se iban a multiplicar si dan por sentado que Papá Estado no los va a desahuciar nunca. Por eso, yo sugeriría ir construyendo ya otras viviendas más modestas para realojar a los que se apunten al ‘simpa’ y tengan un techo a costa de todos los contribuyentes. Y también lo pondría en marcha con incentivos fiscales generosos, prácticamente no tributar nada por colaborar con esta gran misión social junto a la Administración pública. Además, lo aplicaría a partir de tercera residencia, es decir, que nadie tenga que renunciar a utilizar su casa de vacaciones. Apuntar más bien a la inversión de ahorrador, a la especulación, hablando claro.
El otro inconveniente de esta idea tan racional, me temo que no tiene solución: la propuesta parte de Podemos… En el supuesto hipotético y utópico de que saliera a la palestra, a debate público, se rechazaría con un bombardeo mediático y menciones a Stalin, el comunismo, la Unión Soviética, etc. Lo de costumbre. Tal vez si dentro de unos años lo implantan PSOE o PP (ojalá), entonces ya será otra cosa. Como las moratorias de licencias para apartamentos turísticos, ya saben (con Ada Colau cuando era alcaldesa de Barcelona, intervencionismo dictatorial, con María José García Catalá, su homóloga ahora en Valencia, una medida magnífica). Lo importante es que se haga, al fin al y al cabo. De entrada, Irene Montero ya ha metido la pata –en mi opinión– al explicar este sistema: lo ha presentado como “expropiar el usufructo de viviendas vacías”. Aunque técnicamente está bien definido, en la práctica le ha dejado sin querer el balón botando a los Okdiarios, The Objectives, Ana Rosas y demás pseudoperiodistas: “Los podemitas incluyen en su programa electoral expropiar viviendas como en el comunismo más salvaje”. Por ahí irán los titulares, otra mentira más.
