Nuevos informes incorporados a la causa que instruye Tribunal de Instancia de Ibi sobre la explosión de una caldera en la empresa Climber concluyen que existieron incumplimientos de seguridad “relevantes” que contribuyeron “de forma directa y determinante” a la producción del accidente. Además, la Inspección de Trabajo ha impuesto a la mercantil una sanción superior a los 655.000 euros por estos hechos, según consta en su informe al que ha tenido acceso este periódico.
Como se recordará, el grave incidente ocurrió el 27 de noviembre de 2024, cuando una potente explosión sacudió una de las naves industriales de la compañía. El siniestro causó la muerte inmediata de dos operarios y dejó herido de gravedad a un tercero, que falleció minutos después pese a los esfuerzos de reanimación. Una cuarta persona sufrió heridas muy graves.
La investigación determinó que el origen de la deflagración estuvo en la explosión de una caldera de biomasa que alimentaba el sistema productivo de la fábrica, dedicada a la fabricación de envases y embalajes mediante moldeo de EPS (poliestireno expandido).
Nada más producirse el accidente, la investigación fue asumida por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villena, que contó con la colaboración del Equipo de Investigación de Incendios de la Guardia Civil de Valencia y del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante. Los agentes llevaron a cabo una compleja investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.
Por otro lado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) realizaron sus propias investigaciones, aportadas a autos recientemente.
Informes técnicos
El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social concluye que el accidente se produjo como consecuencia del funcionamiento de la caldera en condiciones “cercanas o iguales a su límite de capacidad”, con reiterados avisos de alarma por niveles de agua inferiores al mínimo permitido y la existencia de fugas en el cuerpo de presión del equipo.
Asimismo, la Inspección señala que la empresa carecía de un programa de mantenimiento preventivo ajustado a la normativa, que determinadas reparaciones eran realizadas por personal propio, que no disponía de formación técnica específica, y tampoco pasaban las correspondientes revisiones de Industria, tal y como establece la ley.
Según este organismo, estos hechos constituyen una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, por lo que se ha incoado un expediente sancionador cuya cuantía asciende a 655.823 euros.
En la misma línea se pronuncia el informe elaborado por el INVASSAT, que sostiene que la caldera “operaba de forma habitual al máximo de su capacidad” y que en ella se realizaron reparaciones no autorizadas y ejecutadas por personal no cualificado.
Además, la empresa Servicios de Control e Inspección advirtió, tras la revisión efectuada el 7 de octubre de 2024, apenas mes y medio antes de la explosión, de la existencia de “defectos graves” que debían ser subsanados “lo antes posible”, fijándose un plazo máximo de seis meses para ello.
La empresa de mantenimiento responsabiliza a Climber
Uno de los informes más contundentes incorporados a la causa es el elaborado por la firma vizcaína Soluciones Integrales de Combustión XXI, especializada en instalaciones térmicas y de combustión. Esta empresa, que prestaba servicios para Climber y ha sido posteriormente denunciada por la mercantil ibense, ha presentado un documento de 119 páginas en el que atribuye la responsabilidad principal a la dirección de la compañía.
En sus conclusiones, sostiene que Climber “primó absolutamente la productividad sobre la seguridad” al llevar la caldera de biomasa al límite de su capacidad operativa. Asimismo, descarta que existiera cualquier interferencia hídrica o de otro tipo entre la caldera de biomasa y la caldera de gas, que la mercantil vizcaína esta poniendo en funcionamiento el día de la explosión.
El informe añade que el accidente fue consecuencia directa del error cometido por un trabajador no especializado que rearmó el generador cuando este se encontraba en condiciones de falta de agua y con el hogar recalentado, sin comprobar previamente su estado y con las alarmas acústicas anuladas.
La investigación continúa abierta y, según fuentes cercanas a ella, está próxima su finalización, que dará paso a la celebración del juicio.