La plantilla del Centro de Día de Ibi ha vuelto a salir a la calle este miércoles 29 de enero, al igual que lo han hecho las cerca de 4.000 personas trabajadoras del sector de gestiones integrales que cuidan tanto a personas mayores como a mujeres víctimas de violencia machista en la Comunidad Valenciana, para denunciar la precaridad laboral que arrastan desde hace años.
Acompañados por usuarios y familiares han exhibido pancartas y coreado consignas como: ‘Héroes en pandemia, olvidados por el sistema’; ‘Susana Camarero, dónde está el dinero? ‘o ‘señor Mazón, queremos solución’.
Los sindicatos convocantes, UGT y CCOO, exigen la homologación salarial acordada en 2022 y la licitación de los contratos de los centros de personas dependientes que tienen gestión integral (centros de día, residencias, centros mujer y servicio de ayuda a domicilio, entre otros).
En estos centros y servicios, de titularidad pública pero gestión privada, trabajan unas 4.000 personas en toda la Comunidad. «con unas condiciones laborales precarias».
Según han explicado en la protesta, con estas concentraciones pretenden visibilizar salarios que no superan los 1.110 euros al mes, sin domingos pagados como festivos, sin trienios y las noches a 0,80 euros la hora. “Por ello, muchas profesionales deciden trabajar en otros sectores, como la sanidad pública”.
Aseguran que “las nuevas licitaciones y la homologación salarial, “no solo ayudarán a acabar con la precariedad del sector, también beneficiarán a las personas mayores, mejorando la calidad del servicio. Además, la administración tiene la obligación ética y moral de mejorar las condiciones en las que viven las personas usuarias para garantizar el mejor trato posible”.
Por todo ello, reivindican que “cese el maltrato a las personas dependientes y al personal de gestiones integrales que les atiende, que solo desean ejercer su trabajo con dignidad, equiparando los salarios con el sector público de Servicios Sociales”.
El objetivo es que una enfermera o una auxiliar de enfermería que trabaje en una residencia de mayores de titularidad pública y gestión privada cobre el mismo sueldo que las empleadas y empleados públicos de la consellería de Servicios Sociales. Así consta en el nuevo convenio colectivo del sector, firmado en marzo de 2023, que sube los salarios del personal en 200 euros al mes, de media.
La protesta ha contado con el apoyo de las autoridades locales y de ciudadanos, que se han acercado a mostrar su apoyo.