En las fosas comunes de la parcela número doce del cementerio de Alicante hay 10.226 enterramientos de fetos y recién nacidos fechados entre los años 1951 y 1990, de los que once de ellos son de Ibi, registrados entre los años 1961 y 1983, la mayoría procedentes del Hospital General de Alicante.
Paco Alarcón, secretario de AVA Alicante (Asociación Víctimas de Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares) ha recopilado esa y otra mucha información del archivo cementerial para intentar ayudar y tutelar a las familias en la búsqueda de recién nacidos, supuestamente separados forzosamente de la madre, con destino desconocido; y, también de personas adoptadas, supuestamente de forma irregular, que buscan a su familia biológica.
Los datos obtenidos respaldan las sospechas de muchas familias, ya que entre los años 50 hasta mediados de los 70, el enterramiento de bebés superaba el 24 por ciento de las inhumaciones en el cementerio; una cifra, señala Alarcón, que decae significativamente a finales de los 70, llegando al 6% de enterramientos de bebés en los años ochenta y al 3’19% en los noventa.
Testimonios
Creada en 2013, AVA agrupa actualmente a unas treinta familias, entre las que se encuentra Marisa Fernández, residente en Ibi desde que tenía cuatro años de edad y que busca a su hermana melliza desaparecida en junio de 1964 en una maternidad de León, donde su madre dio a luz.
La historia de Marisa es la historia común de la inmensa mayoría de las víctimas de bebés robados de este país, desde la posguerra. Programas de televisión y documentales sobre esta cuestión pusieron hace varios años en alerta a muchas familias al comprobar que el modus operandi de médicos y monjas en los hospitales era casi siempre el mismo. En su caso, explica Marisa, “yo nací con muy poco peso y me pusieron en una incubadora; en cambio, mi hermana nació completamente sana y mi madre la estuvo amamantando durante cuatro días. Cuando llegó el viernes, un día muy habitual en las desapariciones, le dijeron a mis padres que su hija había muerto por un colapso vasculocardial, también un diagnóstico muy frecuente en los partes médicos de esa época”.
Como en la mayoría de casos, los padres de Marisa no pudieron ver a su hija una vez fallecida, ni tampoco llevársela a su pueblo para enterrrarla. La tuvieron que dejar en una fosa común del cementerio de León.
Esa imposición sin sentido, señala Marisa, añadía más dolor al que ya sufrían por la pérdida de un hijo y, además, les impedía visitarlo debido a la distancia y la falta medios y transporte que había en aquella época.
Muchos años después, ya residiendo en Ibi y en una visita al cementerio de León, sus padres comprobaron en el libro de enterramientos que no coincidían las fechas del fallecimiento de su hija y de su inhumación.
La búsqueda
Fue hace unos cuatro años, cuando Marisa inició la búsqueda de su hermana a través de la oficina habilitada para las víctimas de bebés robados del Ministerio de Justicia, quien además de proporcionarle alguna documentación le aconsejó que enviase el ADN de su madre y el suyo al Instituto Nacional de Toxicología, para detectar coincidencias con alguna persona que estuviera buscando a su familia biológica.
Sin embargo, guiada por la asociación alicantina ha decidido enviar su información genética a un laboratorio americano, de donde han salido ya varios encuentros. El anhelo de Marisa es que su hermana también pueda estar buscando a su familia biológica y los datos se crucen algún día. Tal y como señala, “no se trata de que nadie pierda una familia, sino que pueda ganar otra”.
Exhumaciones en Alicante
Las víctimas mantienen el anhelo de que los poderes públicos se ocupen íntegramente de resolver casos tan fragantes como, por ejemplo, el último hallazgo en Alicante (en la exhumación de represaliados por el franquismo) donde apareció un ataúd de bebé que contenía restos cerámicos simulando el peso de un pequeño cuerpo; o los ya exhumados, donde no aparecen restos del bebé buscado; o los restos que no corresponden a la familia; o bien, los restos de un brazo de adulto en lugar del niño o niña fallecidas.
Una de estas exhumaciones, la de María José Picó Robles, presidenta de AVA, fue una de las primeras en realizarse en España.
Sobre ella se ha realizado el documenta La caja vacía dirigido por Javier Falcó.
Ley Estatal
Las víctimas consideran de vital importancia una ley Estatal sobre bebés robados que recoja:
-Un banco estatal de ADN para contener los perfiles de progenitoras y personas adoptadas.
-Apertura de exhumaciones para resolver la veracidad del fallecimiento y devolver los restos a sus familias o, en su caso, investigar el paradero del bebé no enterrado.
-Publicidad y apoyo institucional para desvelar el relato de la verdad de las víctimas y facilitar, por ambas partes, el registro de sus perfiles de ADN para la búsqueda mutua.
-El derecho a la tutela judicial.
Charla el 21 de marzo en Ibi y proyección de un documental
La Asociación Víctimas de Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares ofrecerá el jueves 21 de marzo, en el Centro Social Carme Garrigós de Ibi, a las 20 horas, una charla y proyectará el documental Morir tranquila, bebés y madres robadas en tierras valencianas.
El film tiene una duración de unos 45 minutos, producido por Juli Esteve, con guion y dirección de Sergi Tarín y la participación de la conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calidad Democràtica de la Generalitat Valenciana.
El documental contiene testimonios de personas conocedoras de estas prácticas de separaciones forzadas y de víctimas en busca de la verdad y de sus orígenes biológicos.
A la proyección le seguirá un coloquio con el público y con víctimas de la asociación de Alicante. En el acto contará con la asistencia del secretario de AVA, Paco Alarcón y con la colaboración de la concejalía de Servicios Sociales, con Montse Agulló al frente, y de la Coordinadora d’Associacions de la Memòria Democràtica del País Valencià.