En las últimas décadas, la provincia de Alicante ha sido un imán para quienes buscan sol, playa y oportunidades laborales.
Sin embargo, la escasez de vivienda y la presión de la demanda, tanto local como internacional, han comenzado a trasladar a la población hacia el interior, transformando pequeñas localidades en escenarios de un mercado tensionado.
La falta de vivienda asequible en Alicante y en buena parte de la costa está desencadenando un movimiento silencioso pero constante: cada vez más personas se desplazan hacia el interior de la provincia para encontrar un lugar donde vivir. La comarca de la Foia de Castalla se ha convertido en uno de los destinos principales de esta nueva ola migratoria interna y esta presión ya está generando desequilibrios en el mercado local.
El ibense Raúl Ruiz Callado es doctor en Sociología por la Universidad de Alicante y ejerce como catedrático en el departamento de Sociología I de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA.
Raúl conoce muy bien este fenómeno y las consecuencias transformadoras que está provocando en la sociedad.
Nos encontramos ante una especie de tormenta perfecta: poca oferta pública, auge del alquiler turístico y presión internacional, que desplaza la demanda local hacia municipios del interior. En los últimos 5-10 años hemos pasado de una crisis de sobreproducción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a una crisis de accesibilidad severa. La vivienda ha dejado de ser un derecho para consolidarse como un activo financiero de alta rentabilidad.
¿Está siendo la Foia uno de los destinos elegidos?
La comarca de la Foia de Castalla se ha consolidado como un nodo receptor clave debido a su potente tejido industrial y su conectividad, ofreciendo un equilibrio entre empleo local y calidad de vida residencial. A diferencia de otros pueblos del interior que actúan como ‘ciudades dormitorio’, los municipios de la Foia de Castalla poseen un tejido industrial potente que permite la conmutación inversa, es decir, personas que viven en la costa pero se desplazan a la comarca a trabajar, o familias que deciden mudarse aquí para eliminar el desplazamiento diario.
¿Qué perfil sociodemográfico tiene la gente que decide desplazarse desde Alicante hacia el interior?
Es un perfil heterogéneo. Pero sí que es verdad que nos encontramos a muchas parejas jóvenes, también profesionales, particularmente del sector servicios, aunque también podemos decir que hay personas jubiladas que deciden venir a un entorno más comunitario, más accesible, y todos comparten un denominador común: la búsqueda de espacio y precio asequible.
Muchas parejas jóvenes valoran tener una vivienda más amplia, incluso una casa en el campo. Los precios prohibitivos en Alicante y en primera línea de costa empujan a la gente hacia el interior, donde la distancia no supone un hándicap gracias al teletrabajo y la ubicuidad digital.
La Foia de Castalla, con municipios como Ibi, Castalla, Tibi y Onil, se ha convertido en uno de los destinos elegidos por estos desplazamientos. En unos 30 o 45 minutos llegas al aeropuerto o al centro de Alicante. Es un lugar verde, con montaña y buena conexión laboral, pero con precios más accesibles.
Además, te puedes desplazar por una autovía que no está colapsada, a diferencia de otras carreteras como, por ejemplo, la circunvalación de Alicante, de Alicante a Elche o la autovía del Vinalopó, que presentan un mayor volumen de tráfico.
¿Cómo afecta este desplazamiento a los pueblos del interior?
Los datos confirman la presión. La escasez de alquileres y viviendas en venta ha llevado a un aumento vertiginoso de los precios, no solo en los núcleos urbanos, sino también en zonas rurales y cascos históricos donde proliferan reformas y adaptaciones de vivienda.
Si analizamos las series temporales de evolución del precio del metro cuadrado en municipios como Ibi, o Castalla, Tibi, y también en Onil, vemos como ha ido creciendo, pero con un salto vertiginoso. Hay una escasez de oferta de alquiler y también hay una escasez de vivienda disponible en venta. Incrementa el precio de segunda mano, vivienda de primera mano hay poca, y esa presión se traslada tanto al núcleo urbano como a las zonas de campo y también al casco antiguo, donde prolifera la reforma y la adaptación de la vivienda.
Si comparamos Ibi con Alicante, o con la costa, la escasez es general en toda la provincia, aunque se nota más en la costa. Muchos propietarios prefieren el alquiler turístico porque ofrece mayor rentabilidad, lo que reduce todavía más la oferta de larga temporada.
Además, la demanda internacional ejerce presión sobre el mercado. Ciudadanos extranjeros buscan segunda residencia o retiro dorado, mientras que empresas promotoras transforman viviendas en activos especulativos. En algunas urbanizaciones, más del 50% de los propietarios son extranjeros que compran solo para alquilar; convierten la vivienda en un producto de inversión, cuando debería ser un derecho.
La ciudad de Alicante es la cuarta en población de España. El crecimiento demográfico de la provincia es un crecimiento muy llamativo por encima de la media nacional y Alicante, por el turismo.
¿Qué impacto social tiene la escasez de vivienda?
La crisis de la vivienda afecta la vida cotidiana, la decisión de formar familia y la planificación personal.
Vivimos en una sociedad del riesgo, que los sociólogos denominamos ‘sociedad líquida’, donde no hay certezas, donde es imprevisible el futuro, donde no planificamos y donde hay una ausencia de compromiso laboral, afectivo y todo esto también configura el carácter de estas nuevas generaciones; unas generaciones que están menos apegadas a lo territorial y a lo material, porque también muchos ya han sucumbido al intento de convertirse en propietarios.
Este patrón recuerda a las migraciones de los años 60 y 70 en Ibi: superarriendo, pisos compartidos y autoconstrucción eran entonces soluciones ante la escasez de vivienda, y hoy resurgen en contextos urbanos como Alicante.
¿Qué consecuencias sociales está teniendo este fenómeno en términos de cohesión comunitaria, empleo local y servicios públicos?
La llegada de nuevos residentes inyecta dinamismo demográfico y evita el cierre o eliminación de servicios. No obstante, genera una ‘gentrificación rural’ que eleva los precios para los habitantes autóctonos.
El reto reside en la cohesión. Si estos municipios se convierten en ‘ciudades dormitorio’, la vida comunitaria se resiente y los servicios públicos pueden verse saturados si la financiación local no acompaña el crecimiento real de la población.
Mientras en la costa se valora el acceso a servicios y ocio, las personas que se desplazan al interior destacan la seguridad comunitaria, el menor estrés ambiental y la recuperación del espacio público para la crianza.
Sin embargo, existe el hándicap de la movilidad porque el sistema actual depende excesivamente del vehículo privado. La falta de un transporte público intermodal eficiente es el principal ‘impuesto invisible’ que pagan quienes viven en el interior y trabajan en la costa.
¿Por qué está resultando tan difícil legislar sobre esta cuestión?
Si hablamos de legislar, entramos en una contradicción siempre entre un modelo de una mayor intervención del Estado o una menor intervención. Ha habido ejemplos de intervención del Estado, cuando, por ejemplo, se quiere poner un límite al precio del alquiler, o hay una batería de propuestas para bonificar en el IRPF a los propietarios que mantengan el precio del alquiler.
Todo ese tipo de medidas ante un sector con el dinamismo del de la construcción, donde hay tanta demanda, pues realmente no están dando el resultado que quisiéramos.
Si regulas mucho, lo que dicen por una parte los sindicatos de inquilinos y, por otra, la patronal, es que se va a construir menos porque cada día es más caro, sube el precio de los materiales y del terreno, y el propietario no arrienda, o no alquila de manera legal, que es la que luego puede reportar beneficios para la administración.
Es realmente complejo y, más aún, en un clima de crispación y polarización, donde llegar a grandes acuerdos para los temas fundamentales está siendo muy, muy complicado. Hablamos de cuestiones de salud, de educación y vivienda, que se convierte en el principal problema percibido por los españoles, según dice el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Posibles soluciones
Abogo por la intervención pública y la coordinación administrativa.
Y algunas medidas podrían ser: incrementar el parque público de alquiler y la vivienda protegida (VPO); simplificar trámites burocráticos para la reforma y construcción de nuevas unidades; incentivar que los propietarios pongan al mercado viviendas cerradas, e inspirarse en buenas prácticas europeas, como Viena o Dinamarca, donde los parques públicos de alquiler han logrado estabilidad.
El modelo de Viena (vivienda pública como estándar mayoritario) o las Cooperativas de Cesión de Uso de Dinamarca, podrían mitigar la especulación en la provincia.
Cuando solo opera el mercado, se genera desigualdad y exclusión. La intervención pública es imprescindible. Sin embargo, medidas como topes de alquiler o incrementos del IBI podrían ser impopulares o incluso contraproducentes si repercuten directamente en los inquilinos.
No podemos esperar que vengan otros a solucionarnos el problema, ni de la Unión Europea, ni del gobierno central, autonómico o ayuntamientos. Creo que tenemos que sentarnos absolutamente todos a dialogar y a establecer una serie de medidas, que las hay.
Un problema local con dimensión global
La crisis de vivienda en Alicante no es una excepción: toda Europa experimenta problemas similares. En algunas ciudades universitarias, instituciones educativas incluso recomiendan a estudiantes extranjeros no viajar por la escasez de alojamiento. Al mismo tiempo, pueblos del interior del país acumulan viviendas vacías a precios bajos, pero los jóvenes no quieren vivir en lugares desconectados.
La mirada al futuro
La tendencia de concentración poblacional en ciudades grandes contrasta con los pueblos del interior, que ofrecen viviendas más baratas pero no logran atraer a los jóvenes.
Aunque exista teletrabajo, la experiencia urbana y las oportunidades laborales continúan concentrando población en las ciudades y esto está también muy relacionado con el gran debate de la España vacía o vaciada.
Claro que el mercado en Ibi está tensionado y aún más el mercado en Alicante, pero tú ve a otros municipios del interior donde vas a encontrar que hay opciones de vivienda, pero claro, están lejos de las ciudades, lejos de los hospitales… ¿quién quiere vivir allí? ¿dónde quieren irse los jóvenes?
Esa concentración de población es el modelo que tenemos, pese a la ubicuidad digital y el teletrabajo, concentración en las grandes ciudades porque también esa experiencia de la modernidad se asocia a vivir en determinados lugares.
Es un problema que afecta a toda Europa: concentración urbana, presión internacional y escasez de vivienda asequible. Necesitamos soluciones coordinadas, inversión pública y medidas que prioricen la vivienda como derecho, no como producto de inversión.
¿Un desafío que exige decisiones valientes?
El diagnóstico está hecho, pero falta actuar. La vivienda es un derecho recogido en la Constitución, pero en España se ha convertido históricamente en un bien de inversión, con beneficios distribuidos entre amplias capas de la población. Cambiar esta cultura y apostar por soluciones estructurales no será fácil ni rápido.
Sin embargo, si no se interviene, la Foia de Castalla, como antes Alicante y la costa seguirá tensándose y expulsando a quienes buscan simplemente un lugar digno y asequible para vivir.
¿Estamos ante un cambio de modelo de vida?
Estamos, efectivamente, ante una transición hacia un modelo post-metropolitano donde la cercanía física al centro de trabajo pierde peso, en un contexto de ubicuidad digital, frente a la habitabilidad y el bienestar integral.