Aunque la intención parezca buena, no comparto para nada la —en mi opinión— mal llamada “discriminación positiva”, que se aplica al favorecer a un grupo mal tratado socialmente con el fin de lograr su integración. En definitiva y aunque no lo pretendan sus partidarios, se me antoja como una especie de venganza, del ojo por ojo y diente por diente.
El problema más frecuente que se trata de corregir con esta técnica es el machismo, una mentalidad caduca e injusta que entre todos deberíamos erradicar de una vez por todas. Pero la forma no puede entrañar la misma injusticia al revés: discriminar al hombre por el mero hecho de serlo. Otras veces ya he rechazado en algún artículo eso de las cuotas femeninas en los partidos políticos o en las candidaturas: si ser mujer no puede considerarse un defecto o un impedimento para formar parte de una lista electoral, tampoco debe tomarse como un mérito en sí mismo. Con carácter general, en la vida habría probablemente habilidades estadísticamente más femeninas o masculinas, pero la cosa no pasa de simple porcentaje, y lo fundamental es que a nadie se le coarte su libertad de intentar hacer o ser lo que quiera si demuestra tener las aptitudes adecuadas.
Patrimonio de la izquierda, esto de la “discriminación positiva” vuelve a estar de actualidad ahora mismo en las aulas, porque los sindicatos han metido en su huelga educativa indefinida a partir del 11 de mayo la derogación de la libre elección entre valenciano o castellano como lengua base (vehicular) del aprendizaje. El argumento peregrino para no dejar votar a madres y padres este asunto importante para la enseñanza de sus hijos apunta a esta misma lógica de discriminar con buenas intenciones.
Se supone que al haber una “lengua minorizada”, hay que fomentar su uso a base de imponerla sí o sí. Como en Cataluña, para más señas. Como PP y Vox le han aguado la “fiesta” de la aberrante “inmersión lingüística” a los nacionalistas de Compromís (por una vez, con buen criterio), pues ahora saltan como resortes sindicatos como STEPV y les siguen los demás por un mal entendido progresismo. Intentan tumbar la única ley acertada de las derechas al frente de nuestra Generalitat Valenciana.
La chorrada esa de la “lengua minorizada” va por pueblos, a ver si se enteran. Basta con darse una vuelta por nuestra Foia de Castalla y poner el oído en las calles, en las tiendas, en los bares, en los ayuntamientos: menos en Ibi (por aquello de la inmigración de hace 60 años), en los otros municipios la población se comunica más en valencià que en castellà. ¿Y qué?
Aplicando la misma lógica pseudoizquierdista, ¿habría que imponer el castellano en Tibi, Biar, Onil o Castalla, para compensar y “discriminar positivamente”? Claro que no. ¿Y si dejamos que cada uno hable el idioma que le dé la gana? Tenemos la suerte de contar con dos oficiales y que todos entendemos, hasta podemos alternarlos según nos apetezca.
