Durante más de dos décadas, la posibilidad de ver gigantes de acero girando en las sierras de nuestra comarca ha sido un tema de debate, controversia y lucha administrativa. Ahora, la Generalitat ha dado un paso decisivo al desestimar la aprobación del Plan Especial para la ordenación de la Zona 15, incluido en el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, dejando en suspenso el futuro de un proyecto que buscaba impulsar la generación de energía renovable en la comarca, aunque no exento de controversia por su impacto ambiental y paisajístico.
El plan, que data de 2001, contemplaba la construcción de seis parques eólicos con un total de 109 aerogeneradores, distribuidos entre Castalla, Onil, Biar, Banyeres de Mariola y Petrer, con una potencia total de 218 megavatios (MW). La oposición de los ayuntamientos afectados, el fuerte rechazo vecinal y la declaración de gran parte del territorio como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) han sido factores determinantes en esta resolución.
El pronunciamiento de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, pone fin a la vía administrativa, lo que significa que el proyecto ya no podrá tramitarse por este cauce. Sin embargo, las empresas promotoras aún pueden interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un plazo de dos meses.
El Plan Eólico de la Comunitat Valenciana nació en 2001 con el objetivo de potenciar la energía renovable en el territorio. Dos años más tarde, en 2003, la Generalitat adjudicó la ejecución de la Zona 15 a Guadalaviar Consorcio Eólico, que presentó un proyecto para instalar aerogeneradores en la Foia de Castalla.
Desde el primer momento, la propuesta generó una fuerte contestación social y política. Durante el periodo de exposición pública, se registraron más de 14.000 alegaciones en contra, y los ayuntamientos de Castalla, Onil, Biar, Banyeres y Petrer emitieron informes desfavorables. Las razones principales eran la incompatibilidad del plan con la normativa urbanística local, el impacto ambiental y la falta de estudios suficientes sobre el viento en la zona.
Concretamente, los ayuntamientos de Onil y Castalla emitieron informes desfavorables al proyecto eólico por su incompatibilidad con la normativa municipal y su impacto ambiental. En Onil, se rechazaron los parques Cenezosa y Alt de la Creu por vulnerar el planeamiento urbanístico local. En Castalla, los parques Argüeña y Castalla fueron desestimados por afectar al paisaje, la fauna y la geomorfología, además de no contar con un estudio adecuado del potencial eólico. Un informe municipal concluyó que las Sierras de la Argüeña y Castalla no eran aptas para estas infraestructuras, al cumplir dos criterios de exclusión del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
A pesar de las dificultades, la iniciativa siguió en pie durante años, con distintos cambios en su titularidad. Empresas como Acciona Eólica de Levante y Enerfín Sociedad de Energía asumieron en diferentes momentos el liderazgo del proyecto, aunque sin éxito en su tramitación.
Protección ambiental y falta de permisos: el freno definitivo
El avance del proyecto recibió un golpe casi definitivo en 2009, cuando la Generalitat amplió la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), incluyendo dentro de esta categoría gran parte de los terrenos donde se planeaban instalar los aerogeneradores. Esta protección afectaba de lleno a los parques eólicos de Argüeña, Petrer y Castalla, además de parte del parque Alt de la Creu, previsto en Onil y Biar. De acuerdo con la normativa del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, las zonas ZEPA son consideradas áreas no aptas para la implantación de aerogeneradores, lo que imposibilitaba el desarrollo del proyecto en su configuración original.
A esta restricción se sumó otro problema insalvable: las empresas promotoras nunca lograron obtener los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, un requisito fundamental para que la energía generada pudiera ser distribuida. En 2019, Acciona intentó salvar el proyecto con una versión reducida, denominada El Picacho, pero la falta de capacidad en la red eléctrica impidió su avance.
El cierre de la vía administrativa
La resolución de la Conselleria supone el cierre de la vía administrativa para la Zona 15 del Plan Eólico, lo que significa que ya no podrá seguir adelante en este proceso. No obstante, la legislación vigente permite a las empresas promotoras interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un plazo de dos meses.
Declaraciones políticas
Los alcaldes de los municipios afectados han celebrado con entusiasmo esta decisión. El alcalde de Castalla, Jesús López, ha destacado su importancia y la ha valorado muy positivamente, señalando que responde a una demanda social surgida a principios de los años 2000. “Creo que había un gran rechazo hacia esta macroplanta eólica y, finalmente, se ha respetado la voluntad de los ciudadanos de nuestro término municipal y de los municipios vecinos que también se verían afectados”. La alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez, también ha valorado positivamente la decisión de la Conselleria. “Es una gran noticia para nuestro municipio y para toda la comarca. Siempre hemos defendido que este proyecto no era compatible con la protección de nuestro entorno natural ni con el desarrollo sostenible de Biar. Nuestra prioridad es apostar por un modelo de crecimiento que respete nuestro patrimonio paisajístico y cultural”.