La Asociación de Empresarios Foia de Castalla (IBIAE) ha hecho pública su posición tras la reunión del Consejo Económico y Social de Ibi, celebrada el 17 de febrero, en cuyo orden del día se incluyó información sobre la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) prevista para 2026.
Según recoge la organización en un comunicado, durante la sesión sus representantes tuvieron conocimiento de que el incremento ya había sido aprobado previamente por el Ayuntamiento. A su juicio, esta circunstancia impedía que las aportaciones planteadas en el consejo pudieran incorporarse al proceso de decisión.
En el texto, IBIAE sostiene que el Consejo Económico y Social debe constituir “un verdadero espacio de participación y diálogo previo”, especialmente en decisiones con impacto directo sobre la actividad económica, empresarial y social del municipio. Por ello, considera que la convocatoria debería haberse producido antes de adoptar el acuerdo, permitiendo aportar “análisis, propuestas y alternativas desde el conocimiento directo del tejido productivo local”.
Desacuerdo con el incremento
La asociación expresa también su desacuerdo con la subida del IBI, que sitúa en una cantidad cercana al 20%, al considerar que “no se ha dispuesto de toda la información económica y técnica necesaria para valorar adecuadamente la medida”.
Durante la reunión, según el comunicado, se trasladaron diversas cuestiones que la entidad entiende que hubieran sido relevantes antes de adoptar una decisión de carácter estructural, entre ellas el análisis del esfuerzo fiscal soportado por ciudadanos y empresas, la evolución de la carga tributaria y la situación financiera municipal.
IBIAE recuerda además que el IBI constituye un coste estructural especialmente relevante en municipios de carácter industrial como Ibi y señala que el incremento del impuesto impacta directamente en la competitividad empresarial, la inversión y el mantenimiento del empleo local.
Solicitud de mayor participación
En su comunicado, la organización reitera su “voluntad de colaboración institucional” y su disposición a trabajar con el Ayuntamiento para analizar soluciones que compatibilicen la estabilidad financiera municipal con la protección de la actividad económica. Asimismo, solicita que en futuras decisiones de relevancia económica y fiscal se refuercen los mecanismos de participación real y diálogo previo con los agentes sociales y económicos.
