El pleno extraordinario de Castalla del 23 de octubre de 2026 aprobó la Cuenta General de 2025 con los votos en contra de los grupos municipales del PSOE y Vox. El debate abordó las discrepancias sobre la gestión presupuestaria y la organización del seguimiento de las resoluciones adoptadas en contra de los reparos de Intervención.
La portavoz de Vox, Ana Alés, leyó un fragmento del informe técnico según el cual, hasta la incorporación del nuevo interventor, el 1 de septiembre de 2026, no se había llevado un registro de estas resoluciones y acuerdos. El texto señalaba que localizar la documentación suponía un trabajo inasumible con los medios disponibles.
Se trata de acuerdos adoptados pese a las objeciones formuladas por Intervención en la tramitación económica. La cuestión planteada durante la sesión fue cómo estaba organizada la información necesaria para identificarlos y hacer su seguimiento.
La organización de la documentación
En respuesta a Alés, el interventor explicó que, cuando llegó al Ayuntamiento, no encontró una carpeta compartida con esta información y se encontró un libro en blanco. Indicó que habían intentado localizar los acuerdos a través del gestor de expedientes, pero que no disponía de un control exhaustivo que le permitiera garantizar que la información estuviera completa.
«Hemos hecho todo lo que hemos podido a través del gestor de expedientes», señaló durante su intervención.
El técnico matizó que su antecesor podría haber llevado su propio control y recordó que habían pasado varios interventores por el Ayuntamiento, cada uno con una manera de organizar el trabajo. También explicó que estaban trabajando en esta cuestión y que esa era la razón de haber incluido el párrafo en el informe.
Las críticas de los grupos municipales
Alés aclaró que las observaciones de Vox no iban dirigidas al nuevo interventor, sino que constituían una llamada de atención sobre la organización interna, el control y la fiscalización del dinero público. La portavoz defendió la necesidad de mejorar estos procedimientos para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica, y justificó así el voto contrario del grupo.
El PSOE también rechazó la Cuenta General. Su portavoz argumentó que el ejercicio 2025 había estado marcado por modificaciones de crédito y reparos de Intervención, circunstancias que el grupo relacionó con sus discrepancias sobre la gestión presupuestaria.
Antes de la votación, el interventor confirmó que el documento había superado la exposición pública sin alegaciones y explicó que la aprobación plenaria permitía continuar el procedimiento para rendir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas.
