El Ayuntamiento de Biar ha dado un paso decisivo en la reordenación del territorio y en la defensa del entorno natural del municipio, al aprobar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), iniciada en 2024, con el objetivo de frenar la proliferación de macro plantas fotovoltaicas en zonas de especial interés paisajístico y medioambiental.
Esta medida se enmarca en una estrategia de protección territorial que comenzó hace un año, cuando el consistorio acordó suspender durante dos años la concesión de licencias para proyectos de energías renovables que excedieran el ámbito del autoconsumo. La suspensión afectó a plantas fotovoltaicas, parques eólicos y líneas de evacuación, pero excluyó instalaciones domésticas o vinculadas a la actividad agraria e industrial de pequeña escala.
Según explicó la alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez, durante el pleno del 24 de noviembre, “la modificación urbanística se ha elaborado con arreglo a la normativa vigente y cuenta con los informes favorables de las distintas consellerias implicadas”.
Además, destacó que la documentación se remitirá ahora a la conselleria de Medio Ambiente para su revisión y aprobación definitiva, lo que permitirá consolidar el marco legal de protección frente a la presión especulativa.
En abril de 2024, el Ayuntamiento inició formalmente el procedimiento, que implicó la paralización inmediata de todas las licencias urbanísticas relacionadas con infraestructuras de producción energética a gran escala. Esta decisión se tomó ante la avalancha de solicitudes para instalar macroplantas en el término municipal, muchas de ellas en enclaves de alto valor natural o forestal.
“No estamos en contra de las energías renovables, pero necesitamos una planificación adecuada que preserve nuestro paisaje y nuestro patrimonio natural”, insistió Martínez.
El proceso entra ahora en su última fase para que esta aprobación provisional se convierta en defintiva, a la espera de la validación autonómica que permitirá blindar legalmente las zonas más sensibles del municipio frente a nuevos proyectos de energía a gran escala.
La oposición critica que el PP ha actuado contra del criterio de la Comisión Territorial de Urbanismo
Los grupos de la oposición, sin embargo, se abstuvieron en la aprobación de la modificación del PGOU al considerar que el documento aprobado no incorpora los cambios exigidos por la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), cuyo informe es vinculante.
Según explican desde el PSOE y Sumem Biar, la citada comisión emitió un informe el 6 de noviembre de 2024 en el que establecía una serie de requisitos obligatorios para que el planeamiento fuera válido.
Entre ellos, la eliminación de zonas destinadas a instalaciones fotovoltaicas situadas dentro del corredor fluvial del Vinalopó, así como una franja de protección de 100 metros; la exclusión de áreas inundables o susceptibles de inundación; la correcta identificación y protección de vías pecuarias y la preservación de la infraestructura verde y de los corredores ecológicos, y “el expediente aprobado no incorpora estas modificaciones, lo que podría dejar sin efecto la validez de la modificación en caso de revisión por parte de la administración autonómica o de los tribunales”.
Tanto PSOE como Sumem justificaron su abstención señalando que comparten la necesidad de regular la implantación de plantas fotovoltaicas para evitar la llegada de macroproyectos, pero consideran que la modificación debe aprobarse cumpliendo escrupulosamente todos los informes técnicos y ambientales vinculantes, porque podría resultar nulo de pleno derecho.