Opinión

Asfixiados por la legalidad

La incertidumbre financiera que el Ayuntamiento de Ibi está padeciendo a día de hoy no tiene precedentes. La incorporación de nuevos funcionarios a la plantilla en los últimos años ha cambiado el sistema de trabajo habitual, un hecho que ha ralentizado la gestión pública interna, principalmente focalizada en el área de servicios económicos –aunque otros departamentos también se han visto afectados–. La jubilación del anterior interventor en febrero de este año fue la gota que ha colmado el vaso. Al retraso del pago a proveedores, que en algunos casos ha provocado la paralización de algunos de los servicios prestados o de obras públicas, está condicionando toda la gestión municipal. Es el caso de microempresas locales, constructoras e incluso grandes compañías nacionales que llevan esperando que se liquiden sus facturas más de un año.

Si hace pocas semanas la suministradora eléctrica que da servicio a Ibi dio un ultimátum al nuevo equipo de gobierno para que regularizara las facturas pendientes en 2023, ahora el foco está puesto en los funcionarios. A fecha del cierre de este periódico no se sabe con seguridad si los empleados públicos recibirán su nómina de agosto antes de que comiencen las Fiestas de Moros y Cristianos.

El gobierno de coalición PSOE-SOM IBI nunca se podría imaginar hace tan solo dos meses que se encontraría un escenario tan complejo como el que estos momentos se está viviendo. La no aprobación de los presupuestos por parte del fallido gobierno de Rafael Serralta, sumado a otras anomalías en determinados puestos de responsabilidad que se han ido produciendo a lo largo de varias legislaturas han degenerado en una calamitosa coyuntura sin horizonte a corto plazo.

El atasco contable y financiero es directamente proporcional al cabreo que muchos de estos proveedores están sufriendo al ver cómo deben seguir asumiendo nóminas, impuestos y otros gastos ordinarios derivados de su actividad habitual mientras pasan los meses sin previsión de cobro. Sin olvidar, las ayudas a asociaciones vecinales, deportivas y sociales que todavía están pendiente de abonar.

Una ciudad como Ibi, con su robusta industria, con un comercio local consolidado y una economía más que saneada, donde se recaudan no pocos impuestos, no se merece el capricho de algunas personas que exprimen la legalidad hasta más allá del límite permitido sin medir sus impredecibles consecuencias. Veremos hasta dónde.

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