El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana solicitó hasta en diez ocasiones información al Ayuntamiento de Onil sobre las obras de rehabilitación del Pòsit sin obtener respuesta oficial registrada. Así lo recoge la resolución del 8 de septiembre de 2026, que ordena reintegrar 1.385.482,46 euros, incluidos los intereses, por incumplir las condiciones de una subvención europea concedida en 2023. El expediente ministerial revela una sucesión de requerimientos durante casi dos años y medio y la ausencia de alegaciones municipales al iniciarse el procedimiento para recuperar los fondos.
La resolución constituye el desenlace de un proyecto cuya ejecución quedó paralizada. Para entender lo ocurrido, los antecedentes recogidos en un dictamen del Consell Jurídic Consultiu de febrero de 2026 permiten reconstruir tanto las advertencias de los técnicos municipales a la constructora como el calendario previo a la adjudicación. El órgano consultivo avaló resolver el contrato por incumplimiento de la empresa, pero cuestionó que pudiera atribuírsele automáticamente toda la pérdida de la subvención sin examinar también la actuación del Ayuntamiento.
Diez requerimientos sin respuesta oficial
La ayuda de 1.252.239,08 euros fue concedida en junio de 2023 dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), financiado con fondos Next Generation. El Ayuntamiento recibió el anticipo el 17 de agosto de aquel año. El primer requerimiento ministerial llegó el 2 de noviembre de 2023. Durante 2024 hubo otros tres, fechados el 1 de febrero, 4 de septiembre y 30 de octubre. En 2025 se enviaron cuatro más, el 29 de enero, 28 de abril, 24 de julio y 24 de octubre. Los dos últimos corresponden al 19 de enero y 21 de abril de 2026.
Según la resolución a la que Escaparate ha tenido acceso, no consta respuesta oficial a esas solicitudes. El Ministerio notificó el 16 de julio de 2026 el inicio del procedimiento de reintegro y concedió quince días para presentar alegaciones. Transcurrido ese plazo, tampoco constaba documentación municipal que desvirtuara los incumplimientos señalados. El departamento concluyó que el Ayuntamiento no había acreditado la finalización de las obras ni justificado el cumplimiento de la finalidad de la ayuda.
El alcalde, Jaume Berenguer (PP), explica que el departamento municipal de Subvenciones está revisando si se llegaron a contestar los requerimientos a través de las plataformas oficiales utilizadas para gestionar estas ayudas. Por el momento, el primer edil no ha confirmado si esas respuestas se enviaron efectivamente ni ha aclarado por qué no constan en la resolución ministerial.
Casi veinte meses hasta la licitación
Uno de los antecedentes más relevantes figura en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, fechado el 11 de febrero de 2026. La resolución definitiva de concesión de la subvención se publicó el 26 de junio de 2023, mientras que el anuncio de licitación de las obras no apareció hasta el 19 de febrero de 2025. Entre ambas fechas transcurrieron 19 meses y 24 días, antes incluso de seleccionar a la empresa encargada de ejecutar la rehabilitación. El contrato se adjudicó a PROYECON GALICIA el 10 de abril de 2025, por 1.559.550,85 euros, y se formalizó el 12 de mayo. El acta de comprobación del replanteo se firmó el 11 de junio. Para entonces quedaban menos de diez meses hasta el 31 de marzo de 2026, fecha límite de la subvención. Aunque los pliegos contemplaban once meses de ejecución, la adjudicataria había ofrecido reducirlos a ocho, hasta el 11 de febrero de 2026.
El dictamen no explica por qué la licitación se anunció casi veinte meses después de la concesión. Sí destaca ese intervalo cuando examina si la empresa debe asumir la totalidad de la financiación perdida y plantea la necesidad de valorar los tiempos y actuaciones de ambas partes.
Advertencias desde julio
Los informes del arquitecto municipal documentaron problemas apenas iniciada la ejecución. El 9 de julio de 2025 describió un avance prácticamente nulo: únicamente se había limpiado la planta baja y colocado el vallado y el cartel de obra. En otras seis visitas realizadas durante julio comprobó la ausencia de trabajadores y la falta de actividad. La situación continuó en agosto. El día 19, el arquitecto acudió acompañado por el alcalde y ambos encontraron el edificio cerrado y sin avances. El 3 de septiembre, el arquitecto requirió a la constructora un plan de obra actualizado. La empresa alegó obstáculos relacionados con la autorización para efectuar catas arqueológicas y dudas sobre la estabilidad de los muros.
Los técnicos municipales rechazaron esos argumentos, al considerar innecesaria la autorización previa y entender que las cuestiones estructurales no justificaban el retraso. La dirección facultativa tampoco consideró viable la planificación presentada para recuperar el tiempo perdido. El 7 de octubre, un informe municipal cifró en el 42,22% la obra que debería haberse ejecutado, frente al 1,9% realizado: 739.954,77 euros previstos frente a 29.665,18 euros ejecutados. El arquitecto concluyó que ya resultaba técnicamente imposible terminar dentro del plazo contractual y advirtió de la pérdida de financiación. El 24 de octubre propuso iniciar la resolución del contrato y suspender los trabajos. El Pleno acordó iniciar el procedimiento de resolución contractual el 4 de noviembre.
Responsabilidades diferentes
La constructora atribuyó los retrasos a problemas técnicos no resueltos por el Ayuntamiento, aunque el Consell Jurídic Consultiu consideró que el incumplimiento era imputable a la empresa y avaló la resolución del contrato y la posible incautación de su garantía de 64.444,25 euros. Sin embargo, no respaldó automáticamente la indemnización adicional de 1.324.526,88 euros reclamada por el consistorio, al considerar necesario examinar también la actuación municipal y determinar, mediante un procedimiento contradictorio, qué perjuicios podían atribuirse realmente a la adjudicataria, especialmente en relación con la pérdida de la subvención.
La ampliación llegó después
El Ministerio comunicó en febrero de 2026 la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo para presentar el acta de recepción hasta el 30 de junio de ese año. Berenguer explica que en noviembre de 2025, cuando el Ayuntamiento inició el procedimiento para resolver el contrato, ya se consideraba inevitable devolver la subvención. Según sus cálculos, una nueva licitación habría requerido unos tres meses y la ejecución, al menos ocho, por lo que no quedaba margen para cumplir el plazo. Respecto a la ampliación comunicada en febrero, el alcalde sostiene que llegó demasiado tarde, cuando las obras ya estaban paralizadas. Añade que, de haberse conocido esa posibilidad antes de finalizar 2025, podría haberse estudiado.
El Ayuntamiento de Onil ya ha devuelto los 1.385.482,46 euros reclamados por el Ministerio, incluidos 133.243,38 euros en intereses de demora. Aunque el consistorio estaba preparando un «expediente contradictorio», en palabras de Berenguer, para reclamar a la constructora los perjuicios que pudieran atribuírsele, la devolución ya se ha efectuado y los más de 133.000 euros en intereses han supuesto, por el momento, un coste para las arcas municipales, independientemente de que puedan recuperarse posteriormente.
