Tras la convocatoria de elecciones generales, el debate sobre los diferentes modelos de gestión ha cobrado importancia. ¿Qué propone realmente la derecha? Las pensiones y la vivienda están bajo el foco de la opinión pública, pero la sanidad es otro pilar del Estado del bienestar que está en juego.
Si hablamos de sanidad, Madrid es uno de los ejemplos más claros del modelo que PP y Vox pretenden implantar en toda España. En la capital, el Grupo Quirón gestiona cuatro hospitales integrados en la red del Servicio Madrileño de Salud. Uno de ellos, la Fundación Jiménez Díaz, funciona mediante concierto sanitario, mientras que los otros tres, el Rey Juan Carlos, de Móstoles; el Infanta Elena, de Valdemoro, y el General de Villalba, lo hacen en régimen de concesión administrativa.
La Comunidad de Madrid contempla para 2025 una financiación de 418,17 millones de euros destinada a la Fundación Jiménez Díaz. Es el mayor contrato sanitario concertado de la región y el único de estos cuatro hospitales que aparece de forma nominativa. Sin embargo, la financiación total del Grupo Quirón podría ser mucho mayor. Los otros tres hospitales funcionan mediante un modelo de concesión administrativa cuya financiación no se refleja de manera tan directa en los presupuestos.
En estos hospitales, la financiación depende de cinco variables: la población asignada, la actividad asistencial real, las tarifas reguladas, los reequilibrios económicos y los pagos por libre elección.
Pero hay un aspecto especialmente significativo: los reequilibrios económicos, que permiten compensar las desviaciones entre los costes e ingresos previstos y los reales. Este mecanismo puede proteger la estabilidad financiera de la empresa concesionaria, incluso mediante aportaciones extraordinarias de dinero público.
A lo largo de 2025, la Comunidad de Madrid aprobó diferentes partidas adicionales por reequilibrios económicos, libre elección y actividad asistencial.
Según las estimaciones del análisis, la Fundación Jiménez Díaz habría recibido entre 790 y 800 millones de euros; el hospital de Móstoles, entre 115 y 130 millones; el de Valdemoro, entre 125 y 140 millones, y el de Villalba, entre 75 y 90 millones.
Sumando estas cantidades, el Grupo Quirón habría recibido entre 1.105 y 1.160 millones de euros.
Y aquí surge una cuestión fundamental: ¿cuánto dinero público termina realmente en manos de empresas privadas que gestionan nuestra sanidad?
La falta de transparencia y la distancia entre las cantidades inicialmente previstas y los pagos finalmente realizados alimentan las dudas sobre este modelo sanitario.
Porque estamos hablando de recursos públicos que también podrían destinarse a reforzar los hospitales de gestión directa, contratar profesionales, reducir las listas de espera y mejorar la atención sanitaria.
La sanidad pública debe responder, por encima de todo, a las necesidades de la ciudadanía. Y conocer con claridad dónde termina cada euro de nuestros impuestos es una exigencia básica de transparencia y responsabilidad política.
