Que le pregunten al novio de Ayuso
Tenemos derecho a expresar nuestro descontento. Más aún, a salir a las calles y manifestar que no nos gusta nada que el plan del PP respecto a lo público sea siempre primar lo privado sobre lo que es lo beneficioso para todos, lo público.
En los últimos días hemos conocido un hecho gravísimo: el escándalo de los audios del CEO del hospital público de Torrejón, gestionado por el grupo privado Ribera Salud, donde se escuchan instrucciones para rechazar pacientes con el objetivo de incrementar beneficios económicos. Una práctica que ha provocado una auténtica tormenta sanitaria en todo el país.
Según lo revelado, el aumento deliberado de las listas de espera y la selección de procedimientos más rentables permitirían que parte del dinero aportado por la Comunidad de Madrid no se destinara al cuidado de los pacientes, sino directamente a engrosar los beneficios de la empresa. Una actitud que no solo resulta una golfada, sino algo de mayor gravedad: convertir a quienes dirigen estos centros en una especie de demiurgos que juegan a la ruleta rusa con la salud y la vida de los ciudadanos. Una aberración que debería conllevar años de cárcel.
Por eso el presidente del Gobierno se ha pronunciado sobre estos audios: «Hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro; que le pregunten al novio de Ayuso». Y no le falta razón a Pedro Sánchez. La inmensa mayoría de ciudadanos piensa lo mismo, al tiempo que surge una pregunta inevitable: ¿puede el Gobierno de Ayuso cancelar el convenio con Ribera Salud? ¿No estamos ante un fraude de ley?
Como ha dicho también Sánchez, «el negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la sanidad pública». Y es que el proceder del PP en la gestión público-privada suele seguir el mismo patrón. Lo hemos visto en los cribados de mama en Andalucía, en los recortes en Extremadura y, de forma aún más evidente, en el modelo de privatización impulsado por Ayuso en Madrid.
La fórmula se repite: se recorta, se provoca el deterioro de lo público, se señalan después las largas listas de espera y finalmente se justifica contratar con la privada. Y así, empresas privadas terminan gestionando nuestros hospitales públicos, haciendo negocio con la sanidad de todos para beneficio de unos pocos.
Sopla en nuestro país un viento caprichoso y sectario. Cuando creíamos haber consolidado el estado del bienestar –con sanidad y educación públicas, con trabajo digno– nos encontramos de nuevo ante una involución política e ideológica. Y no, el PP no acierta al recrearse en esa deriva que tanto perjudica a España y a los españoles.
Nadie discute la existencia de lo público y lo privado. Pero pretender hacer negocio con lo que es esencial para todos es imperdonable, y nos sumerge en el espanto.