El juez del Juzgado de Instrucción número dos de Ibi ha resuelto continuar la tramitación del caso por el fallecimiento de dos fontaneros que inhalaron gases tóxicos en una fosa séptica de Castalla Internacional, donde están siendo investigadas la mercantil contratada para realizar esos trabajos, varios funcionarios municipales y la entonces edil de Urbanismo, las compañías de seguros y el Ayuntamiento de Castalla como responsable civil subsidiario.
Los hechos ocurrieron en enero de 2020 cuando dos fontaneros de 38 y 59 años de edad fallecieron al quedar atrapados en la fosa séptica en la que trabajaban después de que una válvula reventara. Las víctimas quedaron inconscientes como consecuencia de los gases tóxicos que inhalaron y fallecieron poco después. El trabajador de 59 años era vecino de Ibi.
En su auto, el juez señala que los trabajadores accedieron a la arqueta “sin utilizar ningún tipo de prorección respiratoria, ni de equipos de salvamento en caso de accidente, ni de equipo de detección de gases”, que debía proporcionar la empresa, ni tampoco información específica sobre el procedimiento de trabajo a seguir en espacios confinados.
Asimismo, achaca el juez a la técnico del servicio de prevención que no evaluara con un informe los riesgos de este trabajo y que, como única protección les proporcionara a los trabajadores mascarillas FFP2 “que únicamente protegen ante partículas y no frente a gases tóxicos”.
Destaca el juez instrucctor que el Ayuntamiento contrató a la empresa, que debía reparar la bomba de impulsión de aguas fecales ubicada en la urbanización de Castalla Internacional, de forma verbal sin que existiera “contrato escrito ni presupuesto”, ni tampoco realizó una evalución específica de los riesgos laborales de este trabajo, ni comprobó que la mercantil contratada hubiera cumplido con sus obligaciones preventivas, labores que debían haber ejecutado los funcionarios técnicos y la edil del área de Urbamo.
Ante ello, el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Ibi tralada al Ministerio Fiscal la causa para que continúe el procedimiento y se abra juicio oral, o bien solicite el sobreseimiento.