La explosión de una caldera de biomasa en la empresa Industrial Climber S.A., ocurrida el pasado 27 de noviembre de 2024, se produjo por una “vaporización instantánea”, siendo esta la fuente de calor inicial que dio origen al siniestro que se investiga. Por lo tanto, su etiología, si bien es considerada como accidental, es susceptible de haberse podido evitar, ya que ante las frecuentes anomalías detectadas en fechas próximas anteriores al siniestro se pudo haber determinado su parada de funcionamiento.
Así lo concluye el informe técnico judicial, al que ha tenido acceso Escaparate, elaborado por especialistas de la Guardia Civil, remitido al Juzgado de Instrucción nº 2 de Ibi, y al que ha tenido acceso este medio.
El documento señala que la maquinaria ya había registrado “una grieta lateral que volvía a abrirse” y que se realizaron varias intervenciones que no lograron contener el deterioro.
La tragedia dejó tres trabajadores fallecidos y al menos ocho heridos, varios de ellos con lesiones de consideración. Además, la onda expansiva provocó graves daños estructurales tanto en la nave principal como en edificios industriales contiguos, ya que proyectó la caldera desde su ubicación original hasta el almacén nº 2, provocando una destrucción generalizada.
Fallos previos
Según el documento, semanas antes del siniestro ya se habían detectado grietas y deformaciones en un lateral de la caldera. El 17 de octubre se efectuó una soldadura desde el interior, que dejó una deformación en la chapa exterior. Posteriormente se añadieron dos vigas metálicas para reforzar la zona.
El informe técnico señala que esa parte presentaba un deterioro progresivo, resultado de una “acumulación de tensiones” no resueltas, y que las soluciones aplicadas no lograron restablecer las condiciones mínimas de integridad estructural. En concreto se habla de una deformación conocida como “panza”.
El 20 de noviembre, un operario detectó una nueva fuga de vapor en la misma zona y lo notificó mediante un vídeo. La caldera se paró en varias ocasiones. Sin embargo, dos días después, un técnico externo acudió a la planta para evaluar una posible intervención, pero cuando se encontraba realizando las soldaduras de los refuerzos en la caldera, el mismo encargado le dijo que iban a arrancar la caldera porque tenían prisa para empezar la producción, y entonces el técnico se marchó, puesto que no podía soldar con la caldera en funcionamiento.
De las declaraciones de operarios y encargados se extrae la decisión de los responsables de la empresa de posponer unos días la paralización de la caldera por el volumen de trabajo.
Una rotura por presión
La investigación técnica concluye que la explosión se originó en ese mismo punto, tras un proceso de incremento de presión en un entorno ya comprometido estructuralmente. El informe describe cómo esa “zona previamente intervenida” sufrió una rotura súbita por presión acumulada.
Los peritos destacan que el funcionamiento en esas condiciones fue inadecuado para el estado real de la caldera y que existían señales técnicas de riesgo no abordadas con medidas suficientes.
La caldera había pasado una inspección oficial apenas seis semanas antes, que detectó anomalías graves en materia de seguridad. Por ello, el informe fue “condicionado”, es decir, que debían subsanar los problemas de seguridad en el plazo de seis meses. Sin embargo, por desgracia, la explosión se produjo antes de que transcurriera el plazo otorgado.
Actualmente, el caso se instruye en el juzgado de Ibi. La magistrada titular deberá determinar el grado de responsabilidad penal de los mandos técnicos y directivos que participaron en las decisiones operativas durante el mes previo al accidente.