El proyecto de construcción del geriátrico, paralizado desde el mes de abril, se encuentra en una situación “muy crítica”. Así se pronunciaba la concejal de Urbanismo, Nuria Pina, en una entrevista en Radio Ibi, en alusión a los avances y negociaciones que ha habido desde que la empresa decidió retirar las máquinas de la parcela del Alamí por impago de la Conselleria.
Según Pina, la mercantil Cesyr Construcción todavía no ha cobrado ninguna de las certificaciones de obra, por un importe que asciende a unos 700.000 euros, y “está a punto de suspender oficialmente la obra”, lo que pondría en serio riesgo la continuidad de esta infraestructura, al peligrar el cumplimiento de los plazos.
La edil dijo estar “muy enfadada” con el Consell porque, según explicó, todavía no ha respondido a los requerimientos hechos por la Comisión Europea para que puedan ampliarse los plazos de ejecución de los proyectos financiados por los fondos Next Generation.
Pina indicó que, en una reunión del 18 de junio, Europa se ha abierto a ampliar esos plazos hasta 18 meses más para que los gobiernos no pierdan las ayudas económicas, pero hay que solicitarlo y criticaba que el Consell todavía no haya dado una respuesta, comprometiendo con ello la viabilidad de todos los proyectos. “Los New Generation están vinulados al número de plazas geriátricas y si cae Ibi, con 80 plazas previstas, se pueden perder los fondos europeos”, explicaba la responsable de Urbanismo.
Como se ha venido informando, la residencia para personas mayores dependientes y centro de día es una actuación incluida dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiada por los Fondos Europeos Next Generation, y el Ayuntamiento aprobó en abril de 2024 el último cronograma para ejecutar esta obra a exigencias de la Generalitat, donde se estipula que los trabajos deben concluir el 15 de marzo de 2026. La única posibilidad de cumplir con ese calendario sería alargar el plazo de finalización.
Nuria Pina señaló también que hay prevista una reunión con la Generalitat el 31 de julio para abordar esta cuestión y confía que este encuentro sirva para resolver el problema.