Cuando las excusas no encajan
Nuria Pina, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibi
En julio, la empresa constructora paró las obras del geriátrico por los impagos de la Generalitat. En ese momento debía todas las certificaciones y, aunque más tarde abonó la primera, la deuda seguía rondando los 600.000 euros. Una situación insostenible para cualquier obra de esta envergadura. Así lo reflejó la constructora en su escrito de renuncia.
Para explicar esos impagos, la Generalitat intentó escudarse en que el Ayuntamiento no tenía al día el cierre de sus ejercicios contables. Pero cuando uno revisa los documentos oficiales, como la resolución de delegación de competencias de 2022, la conclusión es clara: la Generalitat tenía obligación de pagar las certificaciones una vez justificadas y no podía poner como condición que el Ayuntamiento tuviera cerrado el ejercicio. La normativa lo dice sin rodeos. El pago se realiza cuando el Ayuntamiento presenta el certificado de Intervención, con sus facturas y sus certificaciones de obra. Punto. No habla de cierres contables, ni de rendiciones ante la Sindicatura, ni de cuentas generales. Esos requisitos no existen en la norma y ninguna administración puede imponerlo por su cuenta.
Además, el Ayuntamiento no es el beneficiario de la ayuda y tampoco es el destinatario del dinero, que va directamente de Europa a la Generalitat y de ahí a la constructora, por lo que la excusa de la Generalitat aún tiene menos sentido.
Y hay algo que todavía desmonta más esa excusa: si de verdad fuera imprescindible tener el cierre contable al día, ¿cómo pudo la Generalitat pagar la primera certificación?
Esta falta de pagos ha tenido consecuencias muy serias: paralizó las obras, provocó que la constructora renunciara al contrato y condenó un proyecto esencial para las familias de Ibi.
El Ayuntamiento no puede proseguir con el proyecto en las condiciones actuales, ya que sería imposible finalizar la obra en plazo, lo que supondría la pérdida de la subvención y nos veríamos obligados a sufragar con fondos propios las actuaciones realizadas.
Lo que ha fallado ha sido la voluntad política de la Generalitat. En nuestra primera reunión ya nos insinuaron que renunciáramos al geriátrico. Nos negamos, y a partir de ese momento comenzaron los problemas. La única persona que ha comprado ese relato es la señora Peñalver, que ha decidido convertirse en altavoz de la Generalitat aunque eso perjudique a su propio pueblo.
Mientras tanto, este equipo de gobierno ya trabaja en nuevas vías de financiación. Vamos a pedir que el geriátrico de Ibi se incluya en los presupuestos de la Generalitat, igual que se ha hecho con los de Alpuente, Valencia, La Torre, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Gata de Gorgos, Casinos, Mislata y Penyagolosa. También hemos pedido una reunión con el Ministerio para explorar las ayudas vinculadas a la Agenda 2030.
El geriátrico es un derecho de las familias de Ibi. Vamos a tocar todas las puertas y ejercer toda la presión política necesaria para que Ibi tenga, por fin, un geriátrico público digno.
