Aquí no hay quien viva. Bueno, sí: quien tiene dinero vive. Los demás hacen cuentas, buscan alquiler y descubren que tener un techo empieza a parecer un lujo. Y ahora el Gobierno corre a aprobar decretos para proteger a los desahuciados, prorrogar contratos, regular alquileres temporales y habitaciones y aumentar la vivienda asequible. Un poquito de por favor. ¿De verdad hacía falta que Maricarmen acabara en una camilla y que Sol se llenara de tiendas para descubrir que tenemos un problema?
Las medidas pueden aliviar situaciones concretas. Pero no confundamos el extintor con la prevención de incendios.
El problema de fondo es más incómodo: durante décadas hemos decidido que la vivienda es, antes que nada, patrimonio. La casa era hogar, sí, pero también ahorro, herencia, inversión y negocio. Hemos construido una sociedad en la que quien tiene vivienda acumula riqueza y quien no la tiene paga por acceder a ella cada mes. Cuando el hogar se convierte en activo financiero, el mercado empieza a tratar a las personas como clientes antes que como vecinos.
España ha construido muchísimo y, sin embargo, sigue faltando vivienda asequible donde la gente quiere vivir. Entre 2022 y 2024 se concedieron unas 345.000 licencias mientras se creaban 604.000 hogares. Y nuestro parque de alquiler social apenas representa el 3%, frente a más del 20% en países como Austria o Países Bajos.
Ahí está una diferencia fundamental. En Países Bajos, alrededor del 75% de las viviendas de alquiler pertenecen a asociaciones de vivienda reguladas. En Austria, la vivienda social funciona con alquileres orientados a costes y reinversión. No han descubierto la pólvora. Han decidido que una parte importante de la vivienda no sea un negocio cualquiera.
¿Y nosotros? Dejamos que el mercado haga buena parte del trabajo y después nos sorprendemos de que busque rentabilidad.
Eso no significa demonizar al propietario de un piso heredado. Significa preguntarnos si tiene sentido que la vivienda pública pueda acabar privatizada, que los pisos turísticos compitan con los residentes o que los alquileres temporales se utilicen para esquivar regulaciones.
Hay que construir más, sí. Pero vivienda pública permanente, que no pueda convertirse mañana en mercancía. Limitar el uso turístico cuando expulse al vecino. Perseguir el fraude de los alquileres temporales. Movilizar vivienda vacía donde exista demanda. Y, sobre todo, copiar lo que funciona. Gobierno, comunidades y ayuntamientos deberían dejar de boicotear medidas porque las propone el adversario. Si funciona, funciona.
Porque recetas hay. Lo que falta es voluntad para tocar intereses y cambiar un modelo que ha convertido una necesidad básica en una máquina de hacer patrimonio.
Menos parches, menos guerras partidistas y menos políticos descubriendo la vivienda cuando aparece una Maricarmen o se llena Sol. Miremos a quienes lo hacen mejor. Veamos qué funciona. Y copiémoslo.
Porque una sociedad que obliga a sus jóvenes a compartir piso hasta los cuarenta y a sus mayores a pelear por conservar su casa no tiene solo un problema inmobiliario. Tiene un problema social.
Y si seguimos así, definitivamente, aquí no habrá quien viva.
