Ibi y Onil son dos de los ayuntamientos de la provincia que encomendaron a la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante, Facpyme, la gestión de los bonos comercio en las campañas de 2022, 2023, por lo que fue detenido el pasado viernes 13 de marzo su presidente, Carlos Baño, en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de estos bonos comercio.
La UDEF registró además la sede de Facpyme en Alicante y se llevó documentación. Baño, que también es presidente de la Cámara de Comercio, ha quedado en libertad y se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.
La investigación se centra en la creación y estructura de la empresa Nexo Retail, constituida por Facpyme en 2022 como sociedad mercantil limitada para prestar servicios relacionados con comercio y empresas, siendo el administrador único Carlos Baño.
Pagos por gestión
Como se recordará, los bonos consumo fueron promovidos por la Diputación de Alicante para animar el consumo local a raíz de los estragos de la pandemia y muchos ayuntamientos se sumaron a esta iniciativa, en la que los os ciudadanos pagaban una parte del bono, la Diputación ponía el resto del dinero y los ayuntamientos podían delegar la gestión en entidades como Facpyme o la Cámara de Comercio.
Este fue el caso de Ibi y Onil, mientras que en otros municipios como Castalla o Tibi, la gestión de estos bonos se realizó de manera local.
En el caso de Ibi, se abonaron por la gestión cantidades en torno a los 17.000 y 18.000 euros en el año 2022, donde se organizaron dos convocatorias, una en octubre con Facpyme, y otra en Navidad, con Nexo. En 2023 se realizó otra campaña con la Cámara de Comercio y en 2024 con Facpyme.
En el caso de Onil, en 2022 por un valor del bono consumo de 56.000 euros se pagaron 17.000 euros, y en el 2023, por un valor de 124.000 euros se pagaron 11.000 euros por la tramitación y gestión.
En cambio, en 2025 también se realizó una campaña de bono consumo en Onil por una valor de 125.000 euros, que fue tramitada directamente por gestión municipal.
Falta de medios locales
La emisión, venta y seguimiento de bonos consumo requería de unos sistemas informáticos para venderlos y validarlos, registro de usuarios, comunicación con los comercios, control de pagos y justificaciones contables y muchos municipios no tenían medios técnicos ni personal suficiente para hacer todo esto internamente.
Por esta razón se gestionaron a través de un tercero, ya que las campañas de los bonos venían además condicionadas por unos plazos de emisión muy ajustados.
Por eso, la sospecha está en la gestión técnica del programa, no en los usuarios ni en los comercios directamente, ya que estos contratos no pasaron por concurso público en muchos casos.
En otras palabras: la necesidad de subcontratar era legítima, pero la forma en que se adjudicó y se ejecutó la gestión es lo que ahora está bajo investigación.
La sociedad instrumental de Facpyme, Nexo Retail, declaró unos beneficios de 770.369 euros entre 2022 y 2024 con una facturación de solo 1.262.270 euros, según han publicado medios de comunicación.