Tras un año de seguimiento del mercado inmobiliario en la comarca de Ibi, los datos reflejan un panorama preocupante: la escasez de vivienda continúa y la oferta disponible para la venta es prácticamente nula. La obra nueva se mantiene casi inexistente, con muy pocas promociones en marcha, mientras que aumenta la demanda de particulares que no residen en la zona, lo que genera aún más presión sobre los precios.
Iván Rojas, gerente de Inmobiliaria Rojas, vuelve a darnos el diagnóstico de un mercado inmobiliario con una presión al alza, motivada ahora por el desplazamiento de muchos residentes de la costa alicantina, e incluso, de otras comunidades autónomas hacia esta comarca, buscando mejores ofertas y calidad de vida.
“La situación ha empeorado porque no tenemos producto para comercializar. La obra nueva sigue siendo prácticamente nula y la demanda es cada vez mayor, sobre todo, de gente de la periferia, de gente que no vive aquí”, indica Rojas.
Castalla es, a día de hoy, el municipio con mayor demanda y el precio del metro cuadrado de su suelo es incluso más caro que en Ibi. El motivo, añade Rojas, es la cercanía del municipio a Alicante, y también su mayor oferta en casas de campo y chalés.
Poca oferta de obra nueva
El principal obstáculo para la construcción es la escasez de suelo, especialmente en Ibi, donde el término municipal es limitado y muchas urbanizaciones quedaron a medio hacer o ni siquiera se iniciaron, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, explica Iván Rojas.
Proyectos como los de Puente Picó o Vilaplana no se han completado, con calles sin asfaltar y obras paralizadas, lo que dificulta nuevas promociones, y los promotores locales aún no visualizan rentable abrir nuevas promociones en algunas zonas recién habilitadas, como el Alamí.
“Yo no veo descabellado construir un edificio en la urbanización del Alamí, poniendo zonas comunitarias, e incluso, una pista de pádel, como están haciendo en urbanizaciones alrededor de Alicante. Además, es un área que está cerca del trabajo, del polígono”.
El problema, subraya el gerente de Inmobiliaria Rojas, es el elevado precio del suelo, unido al incremento del coste de los materiales y sumado a las normativas vigentes, “lo que está generado una ‘tormenta perfecta’ para el sector en la comarca”.
Actualmente, añade, una vivienda media de 100 metros cuadrados y tres habitaciones se cotiza entre 160.000 y 180.000 euros, mientras que el metro cuadrado de obra nueva ronda los 1.800 a 1.900 euros. Estos valores contrastan con los del período de 2008, cuando los precios llegaron a caer hasta los 1.200 euros el metro cuadrado en algunos casos, y reflejan un encarecimiento generalizado de la construcción y los servicios asociados.
En cuanto a los pisos de segunda mano, su valor también ha aumentado considerablemente, “porque el propietario ha hecho las cuentas de la vieja. Si los pisos nuevos superan los 180.000 euros, cuánto valdría el mío, que además tiene 120 metros cuadrados y cuatro habitaciones”.
De este modo, indica, aquí los pisos con ascensor ya superan los 100.000 euros y el metro cuadrado de las viviendas de segunda mano puede estar en torno a los 1.000 euros el metro.
Dificultades en el alquiler
El mercado de alquiler también enfrenta dificultades. Los precios han subido significativamente debido a la escasa oferta y a la limitada protección jurídica para los propietarios.
Muchos inquilinos, explica Rojas, optan por comprar en lugar de alquilar, ya que un alquiler de 600 euros equivale a la cuota de una hipoteca de 120.000 euros a 30 años, haciendo que la compra sea más atractiva en términos financieros.
Sin embargo, los inmuebles de segunda mano escasean tanto como los de obra nueva y los pisos de alquiler, pese a que Rojas cree que existe en Ibi mucha vivienda cerrada que podría sacarse al mercado. “Tengo constancia de que sí, y no poca”.
Pero el temor de los propietarios a impagos y okupaciones ilegales, frena los alquileres. Sobre las okupaciones, indica que en este municipio y en la comarca son “prácticamente nulas” y en los casos muy puntuales en las que se han producido, rápidamente han sido resueltas mediante preavisos legales de 24 a 48 horas.
En cuanto a los impagos y para reducir riesgos, los expertos aconsejan a los propietarios exigir ingresos demostrables, referencias y pólizas de seguro de impago, así como la posibilidad de avalistas. La contratación de seguros de impago se ha generalizado, alcanzando al 90% de los alquileres. Esto ha contribuido a mantener la estabilidad en el mercado y reducir los casos de morosidad, especialmente en un contexto de alta demanda.
Además, indica Rojas, “se están dando cada vez menos casos de impago, ¿por qué?, al haber tan poca oferta, los inquilinos no se atreven a incumplir, puesto que se corre el riesgo de no encontrar otra vivienda”.
Aún así, Rojas cree que las leyes deberían proteger más al propietario y otorgar mayor agilidad a los pleitos en el juzgado.
Ayudas públicas
En cuanto a la política pública, algunos programas como los avales del Gobierno o del Instituto Valenciano de Finanzas han facilitado la compra de vivienda a jóvenes y primeras adquisiciones, permitiendo a los compradores cubrir el 90 o incluso el 100% del precio, con impuestos reducidos para menores de 35 años.
Estas medidas, añade Iván Rojas, han dinamizado la adquisición de vivienda, especialmente entre jóvenes que de otra manera no podrían reunir la entrada necesaria.
Encarecimiento de servicios
A largo plazo, la escasez de mano de obra cualificada en sectores clave como fontanería, electricidad y albañilería, junto con la alta demanda, augura un encarecimiento sostenido de la construcción y los servicios. Esto se suma a los cambios en la mentalidad laboral de los jóvenes, que buscan horarios más flexibles y mejores condiciones, dificultando aún más la disponibilidad de profesionales para nuevas obras.
Finalmente, la falta de vivienda disponible también impacta al sector inmobiliario local. “Con pocos pisos para vender o alquilar, se reduce la actividad laboral de agentes, promotores y servicios asociados, aumentando la presión sobre los precios y la economía local”.
En conclusión, la comarca de Ibi y Castalla enfrenta un mercado inmobiliario tensionado por la escasez de suelo, la alta demanda, los costos crecientes y la limitada protección legal para los propietarios. Las soluciones apuntan a una combinación de políticas públicas, incentivos a la construcción y medidas de seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, buscando equilibrar un mercado que actualmente parece estar al límite de su capacidad.