Cuando el Ayuntamiento deja de ser de todos

Antonio Rico, concejal del PP en el Ayuntamiento de Ibi

Lo que ocurre en nuestro Ayuntamiento no es normal. Y no lo digo yo, lo dice la mayoría de los ibenses. Y no me refiero únicamente al mal funcionamiento de servicios, a la pérdida de subvenciones y a la dejadez extrema en cuanto a la construcción de la Residencia de Mayores, proyecto que no verá la luz bajo el mandato de PSOE-SomIbi.

Hago referencia a los tejemanejes internos.

Recientemente se ha contratado a un TAG para “emitir informes jurídicos en materias propias del Departamento de Calidad Urbana, por un plazo de tres años prorrogables”. Sin embargo, la resolución por la que el alcalde nombra a esta persona indica que “la necesidad se justifica en un informe de informática”, nada que ver con el departamento de Calidad Urbana, del cual también dudamos de su existencia.

Cuando una administración empieza a justificar contrataciones con informes que no guardan relación con el puesto que se cubre, se rompe un principio básico: la legalidad como límite al poder. Hoy es un informe de informática para un puesto jurídico en Calidad Urbana; mañana puede ser cualquier cosa para cualquier cargo. Y cuando todo vale, lo que se instala no es la gestión pública, sino decisiones partidistas.

A esto podemos unir una cuestión que nos parece mucho más grave: el uso y abuso de los llamados “programas”, como bien se reconoció en la última sesión plenaria. Y procesos selectivos que, curiosamente, ahora caducan bajo su mandato y no sabemos realmente con qué finalidad.

Con todo esto quiero decir que no se puede consentir que el Ayuntamiento de Ibi se convierta en el corralito de socialistas y de SomIbi. Cuando se normaliza este tipo de “tejemanejes internos”, la administración deja de ser un espacio neutral y se convierte en una extensión del partido que gobierna. Y eso no afecta solo a la oposición política; afecta a cualquier vecino o vecina que necesite una licencia, un informe, una resolución justa. Así que, visto lo visto, en el Ayuntamiento se presume de legalidad mientras se normaliza su excepción.

Como oposición, nuestro papel es claro: velar para que las normas se cumplan y denunciar públicamente cuando entendemos que algo no se está utilizando como debiera. Ya lo hemos advertido en materia de gestión económica: cuando la vía legal resulta más compleja, no se puede optar por atajos ni por decisiones adoptadas “a las bravas”. También hemos señalado el abuso de productividades. Ese tampoco es el camino.

La administración pública no puede ser como si fuera de unos pocos.