El Ayuntamiento de Tibi ha iniciado el procedimiento para aprobar el proyecto de reparcelación forzosa y el proyecto de urbanización del sector IV de Finca Terol, que supondrá el desarrollo urbanístico de un área con más de 1.100 parcelas, que lleva en situación precaria desde hace más de 40 años y con el otorgamiento de licencias de obras suspendido desde hace 20 años.
El proyecto de urbanización determinará los parámetros de diseño de los viales e infraestructuras necesarias para la urbanización completa de los terrenos; es decir, cómo serán las calles, zonas verdes e infraestructuras, y cuyos costes correrán a cargo de los propietarios de esas parcelas, con derramas que oscilarán entre los 45.000 a los 80.000 euros y ha sido, precisamente, al conocerse estas cantidades, lo que ha desatado un gran malestar entre muchos parcelistas, quienes consideran inasumible esas cargas.
Algunos han expresado ese enfado a través de las redes advirtiendo que “será un desastre para los vecinos” y otros consideran más razonable hacer la urbanización “por fases”, y crítican las prisas que existen ahora desde el consistorio.
Sin embargo, la presidenta de la comunidad de propietarios, María José Gambín, recuerda que esté proyecto de urbanización “se lleva esperando desde hace muchos años y sabíamos que iba a llegar”. Reconoce que las cargas urbanísticas han aumentado, “puesto que al principio se hablaba de una media de 30.000 euros”, pero considera que el proyecto es muy necesario “porque hay gente que lleva años esperando construir en su parcela”, aunque para otros se trata de la segunda residencia y no están empadronados en este municipio.
Reuniones con técnicos
Desde el Ayuntamiento, el primer edil, José Luis Candela, reconoce las dudas que ha generado la publicación del proyecto y por eso se van a celebrar este mes de diciembre reuniones informativas por sectores con el equipo redactor y el personal técnico municipal, para que los vecinos aclaren todas las dudas.
Aún así, el alcalde señala que se está estudiando ampliar los plazos de pago de las cuotas de urbanización y que las derramas de 3.000 euros que ya pagaron los propietarios en 2021 se descontarán de la primera cuota.
El proyecto estará tres meses en exposición pública y cada propietario será notificado individualmente; un proceso, por tanto, que se espera sea largo, advierte Candela, por eso, pide prudencia a los residentes.
Por su parte, la concejal de Comunicación, Pilar Fernández, indicaba la pasada semana a este periódico que confía que esos encuentros ayuden a los vecinos a aclarar todas las dudas y a disipar “los bulos que están circulando por ahí”.
Recuerda la edil que los residentes son conocedores desde hace muchos años de la situación de irregularidad que afecta esta urbanización y avanza que ya se está trabajando para proceder al desarrollo urbanístico de otros sectores, como Pinada de Río o Bonaire-Maigmó, que están en la misma situación.
Cuando se apruebe definitivamente el proyecto de Terol, comenzará el proceso para la licitación de la obras de urbanización.
