Un error en el cálculo de los costes salariales incluidos en el expediente ha provocado que la conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda haya decidido anular el procedimiento de licitación del contrato para la gestión integral de varias residencias y centros de día de personas mayores de titularidad pública, entre los que se encuentran los servicios de Ibi y Onil.
La resolución de la Conselleria ha caído como un jarro de agua fría entre los trabajadores, quienes llevan meses saliendo a la calle para reclamar las mejoras sanitarias y laborales.
La última concentración fue el 29 de enero de este año donde exigieron de nuevo la aplicación de un convenio laboral firmado en noviembre de 2022, donde se establece la equiparación salarial con el personal de gestión propia, ya que muchas licitaciones están vencidas, como la del centro de día de Ibi, cuya gestión caducó en 2019.
Precisamente, las plantilla denuncian que la precariedad salarial está creando numerosas vacantes, especialmente en esta área sanitaria, dado que los profesionales abandonan sus puestos en busca de mejores condiciones en el sector público.
Los trabajadores, según han explicado a Escaparate, temen que esta resolución retrase el proceso un año más.
Anulación
El anuncio de licitación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23 y 24 de octubre, respectivamente, con una rectificación posterior el 3 de noviembre que amplió el plazo de presentación de ofertas hasta el 9 de diciembre de 2025.
Sin embargo, el 7 de noviembre, la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias detectó un error en la determinación de los costes salariales, que afectaba tanto al cuadro de características del pliego como al presupuesto base de licitación y a la documentación contable del expediente.
Ante esta situación, la Conselleria ha resuelto dejar sin efecto la aprobación del expediente y anular el proceso de licitación, ordenando retrotraer las actuaciones al momento previo a la elaboración de la documentación preparatoria.
Además, se ha requerido a la dirección general de Infraestructuras Sociosanitarias la redacción de un nuevo expediente completo, con la corrección de los errores detectados.
