Opacidad y descontrol en la gestión de más de 4 millones de euros
Antonio Rico, concejal del Grupo Municipal del PP en Ibi
Tras el Pleno celebrado ayer, en el que se aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito por más de cuatro millones de euros, queremos dejar constancia de lo sucedido y de nuestra profunda preocupación por la forma en que se ha gestionado este expediente.
Desde el primer momento, desde el Grupo Municipal del Partido Popular denunciamos la falta total de transparencia y la improvisación del actual Equipo de Gobierno. El punto se incluyó por vía de urgencia, sin pasar por la correspondiente comisión y sin darnos tiempo material para analizar la documentación, pese a la gravedad del contenido y a los informes de Secretaría e Intervención que alertaban de posibles irregularidades.
Durante la sesión, la situación fue más propia de un circo que de una institución seria. Ante la ausencia de explicaciones claras, tuvimos que preguntar directamente a la Secretaria Municipal y a la tesorera si votar a favor podría implicar algún tipo de responsabilidad o incluso prevaricación, porque tanto el informe de intervención como la propuesta de acuerdo que se tenía que votar llegó el mismo martes a última hora.
A medida que avanzaba el debate, nuestra indignación fue en aumento. Es intolerable la forma de actuar de este Equipo de Gobierno, liderado por Sergio Carrasco con el apoyo de Aitana Gandía, que se ha mostrado opaco, poco riguroso y falto de transparencia. Además, de todas las facturas incluidas en el expediente, solo unas pocas corresponden a 2022, mientras que la mayoría pertenecen a 2023 y, sobre todo, a 2024. Y lo más sorprendente es que en un reconocimiento de facturas de ejercicios anteriores nos encontramos con 42 facturas de 2025, año en curso, que ascienden a casi 60.000 euros. En definitiva, la deuda, por mucho que insistan, la gran mayoría corresponde a su mandato.
Sin embargo, el PSOE y SomIbi solo quisieron destacar las de 2022, mencionando nombres y apellidos de nuestra etapa, intentando desviar la atención y manipular la realidad. Una vez más, demostraron su habilidad para el arte de la mentira. Han tenido dos años y medio para resolver este asunto con legalidad y planificación, y, sin embargo, han optado por hacerlo a las bravas, sin transparencia ni rigor. El tiempo dirá si todo esto es legal, pero lo que ya es evidente es la falta de responsabilidad política y de respeto institucional. Ante esta situación, expresamos claramente nuestra indignación por la falta de aclaración y de transparencia.