Tres extrabajadores del Ayuntamiento de Castalla han logrado sentencias favorables que obligan al consistorio a abonarles diferencias salariales, intereses de demora y a reconocer la improcedencia de dos despidos. Los hechos se remontan a finales de 2021, cuando el entonces equipo de Gobierno (Ciudadanos y PSOE), encabezado por el alcalde Antonio Bernabéu, contrató a diez personas mediante una subvención europea para mayores de 30 años.
Sueldo inferior al estipulado
Los denunciantes —identificados por sus iniciales J. B. L., J. A. P. M. y J. L. B.— alegaron que se les aplicaron categorías y sueldos inferiores a lo estipulado y que no percibieron el 100 % del salario durante bajas médicas, como establece el convenio laboral del Ayuntamiento de Castalla. Las sentencias acreditan que en los contratos se utilizó una categoría inexistente —“oficial de tercera”— y que dos de los trabajadores estuvieron de baja médica (uno durante casi un año y otro durante varias semanas) sin recibir el complemento íntegro de Incapacidad Temporal (IT).
Según los fallos judiciales, el primero de ellos, J. B. L., tiene derecho a 9.936 € por salarios no abonados, más un 10 % de intereses. El segundo, J. A. P. M., recibirá 1.808 €, también con intereses, y el tercero, J. L. B., tiene reconocido un importe de 5.343 €. Además, tanto el primero como el segundo obtuvieron sentencias que declaran improcedente su despido, al demostrarse que sus contratos eran de obra y servicio sin especificar obra ni causa concreta, lo que la jueza califica como fraude de ley.
Numerosas solicitudes
De momento, solo se ha pagado la indemnización por despido improcedente del primer extrabajador. Las cantidades pendientes por diferencias salariales y la indemnización del segundo siguen sin abonarse, igual que la reclamación del tercero. Tras numerosas solicitudes y reclamaciones, los afectados han iniciado la ejecución de las sentencias, lo que implica recargos por intereses y costas que Castalla deberá asumir. Preguntado por esta situación, el actual alcalde, Jesús López (PP), confirma: “El Ayuntamiento ha de acatar la sentencia que, aunque no sea en nuestra legislatura, tiene que hacer frente a ella, porque esto es del Gobierno anterior, de Ciudadanos y PSOE”. A la espera de la ejecución, los extrabajadores confían en que se ordene el pago completo de las cantidades fijadas o, en caso de persistir el incumplimiento, se activen embargos sobre las cuentas municipales.