Los trámites para iniciar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitiría la instalación de cuatro comparsas en el barrio de la Dulzura se han paralizado temporalmente, a propuesta del PP y con el respaldo de Som Ibi.
Ambos grupos votaron a favor de dejar sobre la mesa este trámite, en el pleno del 5 de mayo, hasta disponer de información más detallada sobre este expediente. En concreto, la propuesta que se llevaba a pleno era solicitar una evaluación ambiental y territorial estratégica sobre la modificación urbanística que se proyecta en la manzana que ocupan las naves de la antigua empresa Talleres Avenida.
La responsable de Urbanismo, Nuria Pina, explicó que el trámite busca otorgar “seguridad jurídica” a este espacio y reducir la edificabilidad prevista en el PGOU (de siete alturas a dos); sin embargo, desde la oposición le recriminaron que el expediente no indica de manera explícita el uso que quiere darse a estas naves. Según explica la portavoz del PP, Maite Peñalver, “no es lo mismo pedir una evaluación ambiental si hay previsto construir viviendas, que si se van a instalar zocos festeros, el impacto no es el mismo y nosotros pedimos que se evalúe ese impacto real”. Por su parte, Vox acusó al gobierno de realizar un modificación de “conveniencia” para favorecer una actividad privada y Som Ibi dudó del encaje legal de las comparsas en esas naves.
En declaraciones a este periódico, Aitana Gandia, explica que la situación de las sedes festeras se tiene que tratar de forma global y opina que “no es justo que se quiera utilizar a las comparsas de arma arrojadiza cuando nuestro grupo solicita tratar este tema ‘particular’ de forma global para dar una solución estable y definitiva en la convivencia entre fiesta y vecindario, donde todos los agentes implicados puedan aportar soluciones”.
Som Ibi, según indica, “quiere garantizar ese encaje legal que nos beneficie al conjunto de la sociedad ibense, no que se palpe unicamente un interés particular, sino que la premisa de interés general dé respuesta a una solución global” y señala que tanto su grupo como el resto de la oposición solicita tratar este tema “particular” de forma global “donde todos los agentes implicados puedan aportar soluciones”.
En cambio, desde el equipo de gobierno se insiste en que la propuesta contemplaba la legalización y ordenación de estos espacios, lo que permitiría establecer normas claras, exigir el cumplimiento de requisitos de insonorización, seguridad y horarios, entre otros aspectos. “La legalización es el primer paso para compatibilizar el disfrute de las fiestas con el derecho al descanso de los vecinos”, explica la edil Nuria Pina.
Según defienden los socialistas, la modificación planteada busca dar respuesta a una problemática histórica en el municipio: la falta de sedes fijas para diversas comparsas. Esta situación genera incertidumbre anual entre las agrupaciones afectadas y dificulta la planificación y regulación de la actividad festera.
Pina ha advertido de las consecuencias del bloqueo indicando que “esta decisión pone en riesgo a muchas comparsas, especialmente a las más pequeñas, que pueden verse abocadas a instalar sus zocos en la vía pública”.
