El espectro político actual comparado con el de hace tan solo unos pocos años ha cambiado sustancialmente. El Congreso de los Diputados es un claro ejemplo de cómo se han ampliado las alternativas a la hora de elegir a nuestros representantes a través de las urnas para darles nuestra confianza. En la actualidad tenemos un nutrido abanico de partidos, cada cual de su madre y de su padre, que aglutinan prácticamente todas las posturas políticas, ya sean de centro, izquierda, derecha o extremos. Estos últimos, nacidos ante la antipatía creciente por el bipartidismo acomodado y el hartazgo de los ciudadanos ante la imposibilidad de resolver los problemas más acuciantes de cualquier país occidental, ya sea obtener un trabajo estable, la honradez de los que nos gobiernan o por una justicia igual para todos. Derechos que se han tambaleado durante una larga temporada cuando la crisis del ladrillo hizo su aparición a finales de la primera década del siglo XXI. Estas consideraciones y otras no menos importantes generaron en la población un desinterés que fue el punto de partida para que otras formaciones nacieran al amparo de esta apoplejía democrática creciente.
De ahí surgieron Podemos, Ciudadanos y Vox. Todos ellos con una voluntad renovadora y regeneradora que ha ido decayendo conforme se acomodaban sus traseros en los diferentes sillones de los que dispone nuestra bien alimentada administración de las 17 autonomías.
Eliminando de la ecuación al partido naranja, volvemos la mirada hacia un informe que la diplomacia americana acaba de hacer público sobre el “acoso y trabas a la prensa” tanto de la formación liderada por Santiago Abascal como la fundada por Pablo Iglesias, Unidas Podemos. El documento estatal apunta a que ambos tienen en común la poca ejemplaridad democrática de ser responsables de bapulear la libertad de expresión en pro de sus intereses particulares. Así lo explica el documento americano que pone en la picota a las dos ‘jóvenes’ formaciones por el trato a periodistas y a medios de comunicación hasta el punto de prohibir su entrada en determinados actos propios; o la estigmatización de profesionales del sector de la prensa, incitando a la violencia contra aquellos que no defiendan sus criterios ideológicos o simplemente los critiquen.
A pesar de las merecidas collejas a Vox y a los morados, el informe americano presenta un panorama bastante favorable del Estado de Derecho en España, y apunta a que “el Gobierno no vigiló las comunicaciones privadas en internet sin la autorización legal pertinente.” Algo lógico y razonablemente tranquilizador observando cómo se la gasta el líder ruso contra los que no piensan como él.