La Justicia o Administración de Justicia, con mayúsculas, es el órgano institucional a través del cual se pretende resolver los conflictos entre ciudadanos, empresas o entidades, bien con el propio Estado o con sus administraciones. No confundir con la justicia, en minúsculas, que acogiéndonos a su significado literal, se define como «uno de los valores fundamentales del ser humano», también descrito como el «principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde sin discriminar y respetando sus libertades individuales.» Esta última acepción es el concepto a través del cual se aplica el derecho de justicia en una sociedad avanzada como es la nuestra. Hasta aquí todo bien. Porque cuando de lo que se trata de hablar de la Justicia, o de la Administración del Estado, la cosa cambia, y mucho.

El bochornoso espectáculo que llevan interpretando durante años los dos principales partidos de este país a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es insoportable. Más si cabe justo en el momento socioeconómico en el que nos encontramos. Nadie se cree que PSOE y PP estén buscando un acuerdo pensando en el interés general. El hartazgo ante esta insostenible situación jurídico-administrativa alcanzó su punto álgido cuando el presidente de este organismo, Carlos Lesmes, dimitió hace pocas semanas de su cargo tras cuatro años en funciones. 

¿Por qué será que los partidos políticos tiene tanto interés en el control de la Justicia? ¿Es que tienen asuntos judiciales de vital importancia pendientes de resolución –o los que puedan venir– y siempre es mejor que sean juzgados por un magistrado ideológicamente cercano? Pues eso. 

La Justicia española lleva años en una situación deplorable. No se invierte lo suficiente, no se mantiene la Independencia de los jueces porque son elegidos por otros jueces que a su vez han sido nombrados por el poder político, magistrados que se incorporan a listas electorales y después vuelven a la judicatura. Todo se contamina y al final se convierte en un circo como el que llevamos viviendo, por ejemplo, en el Juzgado de Primera Instancia de Ibi. Procesos judiciales que se eternizan, jueces que llegan y se van, instrucciones judiciales que no terminan de concluir y otros asuntos que llevan lustros en el cajón del olvido de donde nadie sabe cuándo saldrán.

En nuestra edición de papel, Escaparate informa sobre el ingreso en prisión de una mujer de Ibi condenada a un año y seis meses por falsedad documental y estafa. Al margen del contenido concreto de la sentencia, lo que sorprende es que este asunto judicial, aparentemente sencillo, arrancó hace ¡quince años! La misma celeridad que padecen otros asuntos mucho más transcendentales desde el punto de vista del interés general. Hablamos del Caso AVE, de la presunta corrupción de algunos funcionarios, urbanizaciones de dudosa legalidad y otras turbias tramas que quedarán en la amnesia colectiva promovida por el desorden jurídico-administrativo en el que estamos instalados per sécula seculórum.