Por José Luis Fernández Rodrigo, periodista
Las estadísticas dejan fríos a todos. Cada vez más. Las nuevas generaciones criadas en Internet y que creen que el periódico es una cosa vintage que han visto en manos de algún familiar senior prestan poca atención a los datos numéricos de la economía. Pero deberían hacerlo. Resulta que el 80% de las compras de viviendas en nuestra Costa Blanca alicantina y mediterránea las hacen extranjeros. Y eso les afecta y mucho a estos jóvenes y a los que vienen. Nada que objetar a la nacionalidad de quien se rasca el bolsillo y mueve la actividad inmobiliaria por estas latitudes, que todo ayuda para generar riqueza. Aunque habría que reflexionar sobre qué pasa con los precios cuando hay tanta demanda de una población que suele contar con un poder adquisitivo mayor que lo que hay por aquí, con pensiones raquíticas para la mayoría.
Porque además, una buena parte de ese movimiento tiene como fin la inversión, la rentabilidad, no se trata de la adquisición de un techo para vivir. Si las casas y pisos se convierten en un mero objeto de especulación, quienes los necesitan para todos los días lo tienen crudo. Los límites, topes y otros intentos bienintencionados de que los alquileres no se disparen están condenados al fracaso. Más vale que desde las administraciones -da igual que sea el Estado, las autonomías, las diputaciones o los ayuntamientos- proporcionen viviendas a precio razonable de la forma que mejor puedan, ya sea con contratas a promotores privados o con una constructora pública.
He visto en televisión -y no seré el único- los testimonios de personas que en Madrid y otros núcleos urbanos muy poblados pagan hasta casi mil euros por una sola habitación-estudio donde tienen que dormir, cocinar y hacer toda su vida. O compartir piso con hasta media docena de desconocidos para poder pagar su alojamiento. Eso es infinitamente más urgente que poner latidos de un feto a una mujer que quiere abortar o mandar un requerimiento desde el Gobierno de Pedro Sánchez a la Junta de Castilla-León para saber si va a aplicar o no ese protocolo disparatado de Vox. La “revolución” pendiente de la vivienda me preocupa mucho más que las ocurrencias de unos iluminados “pro-vida” y la reacción inútil de quienes detentan el poder, que deberían estar para otras cosas.