Bancos, energéticas y petroleras, pasen por caja por favor Hace pocas semanas se conocieron los beneficios que los bancos, energéticas y petroleras han obtenido durante el primer semestre de 2022. Observando los números mareantes de facturación y beneficios en cada uno de estos sectores, especialmente el de los combustibles, lo que se deduce claramente es que los ciudadanos estamos pagando la fiesta a estas megacorporaciones que están aprovechando la crisis energética para hacer caja de una manera inmoral y hasta alegal desde el punto de vista del sostenimiento de la economía global. Alguien podría explicar cómo es posible que por un lado el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos estén subiendo tipos de interés para ‘enfriar’ la escalada de precios y por otro lado se esté produciendo uno de los mayores ejercicios contables en estas empresas, en algunos casos duplicando o triplicando beneficios de los años prepandemia. 

A principios de este ejercicio, iniciada la guerra de Ucrania y con las consecuencias de la crisis sanitaria todavía coleando, los expertos ya auguraban una escalada alcista en el IPC como hacía décadas no se sufría. Pero lo que no anticiparon fueron los extraordinarios balances contables de estos mastodontes empresariales. La gasolina se paga al doble que hace un año, la cesta de la compra en torno a un 30% más, la electricidad ni se sabe ya que el baile de precios es una lotería en cada factura. Una crisis que está provocando, en los peores casos, despidos en microempresas y autónomos o cierres definitivos y, a muchos trabajadores a apretarse el cinturón, sin olvidar las familias más vulnerables. Mientras esto sucede, estas compañías distribuyen con total descaro dividendos extra a su accionariado, remuneran a sus trabajadores con subidas espectaculares en sus salarios o reparten bonus entre la élite en sus respectivos consejos de administración. Toda una lección de desvergüenza de la que también son beneficiados los gobiernos al aumentar lógicamente sus ingresos. 

Como ya es una constante habitual, en Europa cada país resuelve sus asuntos económicos de forma particular. En España, Italia o Grecia ya han decidido imponer nuevos impuestos que deberán aplicarse a principios de 2023. En este contexto, el horizonte judicial está claro: Las empresas afectadas por este nuevo gravamen preparan sus despachos de abogados para hacer frente a las medidas de los respectivos gobiernos europeos, empezando por el nuestro. 

Queda por ver dónde acabarán esos impuestos recaudados y hasta dónde llegará la paciencia de contribuyente cuando realice el próximo repostaje, llene la cesta de la compra o pague el último recibo de la luz. Por el momento, parece que no tiene límite.