Seguimos embarrados con la pandemia y es que no hay manera de que los que dirigen el cotarro se conciencien de una vez por todas de que la cosa no está para ir dejando responsabilidades a los ciudadanos. Cada vez que se han levantado las restricciones y se han suavizado las medidas volvemos a meternos en otro lío con el covid-19. Y ya van cinco. Dejar las decisiones a la buena voluntad y el sentido común de toda la gente es como darle un revólver a un chimpancé, y es que algunos se comportan como estos. A final de mayo estábamos bastante bien en cuanto a contagios, la disminución de la incidencia era una realidad y los sectores más castigados por la crisis sanitaria tenían la esperanza de que el verano iba a darles un balón de oxígeno después de tantos meses económicamente desastrosos. Pero todo esto se está yendo al traste. España ya es un punto negro poco recomendable turísticamente para una gran mayoría de países europeos. La historia se repite y de “hemos vencido al virus” de junio de 2020 hemos pasado a “la mascarillas ya no son obligatorias al aire libre” de 2021. Este el resultado de estos falsos mensajes que buscan un objetivo efectista pero que hacen retroceder una vez más en esta larga lucha contra el virus. Hace poco más de un mes no estaba el país para hacer ninguna fiesta ni lanzar las campanas al vuelo dando la falsa sensación, una vez más, de que esto ya se había acabado. Epidemiólogos y otros expertos sanitarios ya advirtieron de dejar algunas medidas restrictivas hasta que la población no alcanzara la ansiada inmunidad de rebaño porque en caso contrario nos íbamos encontrar justamente donde estamos ahora, agrabada con la variante india que ya se sabía que iba a convertirse en cepa dominante desde finales de abril cuando el país asiático que le dio nombre y luchaba contra la enfermedad con los pocos medios que se disponen allí.
Y con la pandemia fuera de control, ahora aparece la sentencia del Tribunal Constitucional que le dice a Sánchez que el estado de alarma no estuvo bien aplicado para restringir los movimientos de las personas ya que debería de haber sido otra herramienta jurídica, avalada por el Congreso, la que limitara derechos y libertades durante los casi 100 días de confinamiento. Un galimatías judicial que abrirá la puerta a miles de recursos para tumbar las sanciones impuestas durante el periodo que duró el primer estado de alarma y un contundente argumento para todos aquellos que pusieron el grito en el cielo ante semejante medida, incluidos los negacionistas.
La sentencia es firme. No se puede aplicar un estado de alarma y aplicar un estado de sitio. Quieren aplicar un estado de sitio, coartando libertades. Esto no debemos consentir que se convierta en un estado represivo como el cubano o venezolano. Por fin el constitucional hizo un buen trabajo.