El revuelo que ha provocado las declaraciones de Pablo Iglesias en la campaña de las improcedentes elecciones catalanas esgrimiendo que la democracia es mejorable es comparable con la hipocresía de algunos representantes públicos que se rasgan las vestiduras cuando hablan de la independencia judicial. Es cierto que las primeras aseveraciones del vicepresidente del gobierno, que iban orientadas hacia la situación penal de los presos del proces y la del fugado Puigdemont y de sus compañeros de viaje, son más que discutibles. Pero la bronca desde todos los ámbitos que le ha caído al vicepresidente segundo del gobierno parece que le ha hecho matizar su tesis. Ahora, el representante de Podemos habla de una democracia mejorable y extiende esa crítica a otros ámbitos como la corona o la justicia. Y ahí puede que lleve razón. España es un país joven, democráticamente hablando. Nada comparable con otros países del entorno donde su sistema democrático es mucho más maduro y hay una verdadera separación de poderes. En el nuestro parece que no es así. La justicia es uno de los pilares esenciales en los que asienta cualquier democracia consolidada. Y nuestra mujer de la espada y la balanza, símbolo de fuerza y equidad, sigue estando a merced de los tejemanejes de los partidos. Un claro ejemplo de ello es la vergonzosa lucha que están teniendo el Partido Popular frente al PSOE y a Podemos para controlar el Consejo General del?Poder Judicial, que es la órgano que tiene la potestad de elegir a jueces, o de trasladarlos del lugar de trabajo. Estos nombramientos influyen en la toma decisiones para favorecer los mismos intereses de los partidos políticos que manejan CGPJ. ¿O es que nos toman por tontos? Y si esto fuera poco, la misma Constitución Española deja bien claro que este órgano judicial caduca a los dos años, por lo que sus miembros, por coherencia ética y moral, deberían dejar el cargo sin titubear y sin que ningún otro estamento les obligara a ello.
Es cierto, nuestra democracia tiene margen para regenerarla en muchos aspectos, y no solo en el judicial. La transparencia, la ética, gobiernos participativos, la reforma de los partidos y las listas abiertas son algunos de los ámbitos que deben evolucionar para que el ciudadano no tenga la sensación de que solo se le pide opinión cada cuatro años y adiós. Hay trabajo por delante y mucho camino para andar.