Los responsables que deberían velar para que en este país se haga justicia vuelven a hacer de las suyas. En este caso, la juez de la Audiencia Nacional encargada de dirimir las responsabilidades en el caso Bankia ha decidido que se vayan de rositas los máximos responsables de hundir la entidad bancaria y provocar el mayor rescate de la historia, con 22.000 millones de euros sacados de las arcas públicas. Inaudito. La sentencia ha sentado como un jarro de agua fría para los más de 400.000 ahorradores que vieron cómo se desvanecía prácticamente su inversión en pocos meses tras el descalabro bursátil del banco, que en aquel momento presidía el todopoderoso Rodrigo Rato. Tras él, toda una cuadrilla de jefecillos y subalternos que se han sentado en el banquillo de los acusados tras casi dos años de juicio y que ahora respiran tranquilos a la espera de que la acusación pueda recurrir al Supremo. Sin entrar al fondo de la sentencia judicial, la primera sensación que prevalece en la ciudadanía es que este turbio asunto que llevó a la entidad a la quiebra primero y al rescate después con dinero público, se ha solucionado sin que nadie pague por ello. La sensación de impunidad es equiparable a la de impotencia. ¿Qué hacía el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otras entidades que deberían haber supervisado todos los riesgos de la salida a bolsa de Bankia? Otra torpeza más de nuestro sistema financiero, cómplice en este asunto, y de los resortes que deberían funcionar para vigilar que estas tropelías no sucedan.
La salida a bolsa de Bankia y todo lo que pasó en años anteriores y posteriores se enmarca en una etapa donde la estabilidad del sistema bancario español hacía aguas, las cajas de ahorros eran absorbidas por los bancos y los pequeños ahorradores perdían el dinero de toda una vida. Toda una catarsis financiera que dejó tras de sí a miles de ciudadanos al borde de la ruina y que casi nadie pagó por ello. Los continuos abusos que las entidades financieras ejercen sobre sus clientes se debe a la laxitud de las normativas que se aplican en favor de aquellas. Las participaciones preferentes, las cláusulas suelo o los gastos bancarios derivados de una hipoteca son algunas de las tropelías sufridas y que solo han podido ser eliminadas de los contratos gracias al empeño, voluntad y constancia de unos pocos que quisieron denunciar estas prácticas fraudulentas, usureras y miserables ante la justicia.