El juzgado tramita el expediente presentado en Fiscalía por las concejalas deCompromís, Esquerra Unida, y Podemos y cita a declarar a exconcejales delayuntamiento de Onil por el pago de facturas irregulares al arquitecto municipal.Se inicia así la instrucción por parte del juzgado con objeto de esclarecer si los pagosrealizados al arquitecto son, además de irregulares como ya indica una sentencia firme,constitutivos de delito. “Tenemos constancia de que desde el año 1992 se han realizadodiferentes pagos al arquitecto municipal por miles de euros la mayoría de los cuales yahabrían prescrito.”El importe de los pagos realizados por el que se abre esta causa asciende a más de9.000€, si bien es cierto que el ayuntamiento se tuvo que enfrentar ya en sede judicialpara evitar el pago de casi 150.000 €, en aquel caso se ganó el procedimiento por partedel ayuntamiento y se consideró que no se tenía que pagar aquel importe teniendo encuenta que hay incompatibilidad de la actividad pública y privada por parte del arquitectoy no obraba ningún tipo de expediente de contratación al respeto.Ahora, el juzgado investiga si hubo prevaricación y malversación de fondos públicosdurante la legislatura del 2007-2011. Hasta el momento no se cita al arquitecto ni acorporaciones anteriores por prescripción de las actuaciones.Amparo Monllor, Verónica Vílchez y Beatriz Martínez responden así a las declaracionesdel Partido Popular en una entrevista en la radio local, “El portavoz popular mientedeliberadamente. No es cierto que se haya abierto instrucción por un importe de 1.200€conforme afirmó recientemente, ni es cierto que no se haya personado la fiscalía; dehecho, es la fiscalía quien inicia el procedimiento judicial a raíz del expediente quenosotras trasladamos, dando veracidad al mismo y observando indicios de delito en lasactuaciones. Que los pagos se estaban realizando de forma irregular está fuera dedebate teniendo en cuenta que ya hay una sentencia judicial en ese sentido; ahora delo que se trata es de saber si, además de irregular, era una conducta delictiva. Por loque respecta al hecho de que no nos hayamos personado como acusación, es sencillode explicar, simplemente no teníamos capacidad económica para hacer frente a los6.000 € que nos requirió el juzgado para poder personarnos en la causa”.Respecto a la acusación de querer hacer campaña con este tema las concejalasresponden que “el expediente se presentó en Fiscalía en 2017 y hasta la fecha no hemoshecho ninguna declaración al respecto porque pensamos que tiene que pronunciarsees la justicia, pero nos vemos obligadas a hacerlo después de la entrevista realizada porel PP”.Así, las tres concejalas manifiestan estar tranquilas por haber hecho aquello que creíanque les correspondía dentro de las obligaciones implícitas en el cargo, y en concreto enlo referido a las de control y fiscalización de los órganos de gobierno. “Hemos hecho loque considerábamos conveniente que no es otra cosa que comunicar a la fiscalía unoshechos objetivos por si estos pudieran ser constitutivos de delito, la función política estáhecha y ahora el resto está en manos de la justicia”.