El Ayuntamiento y la mercantil Grupo Generala, (hoy denominada socialmente Betula, Servicios Integrales, S.L) han llegado a un acuerdo, ratificado por el pleno, mediante el cual se desbloquea la urbanización del Alamí, reiniciándose las obras pendientes para completar definitivamente este proyecto.
Tras este acuerdo y con 10 años de retraso, los propietarios de terrenos podrán comenzar la construcción de sus viviendas durante el próximo año.
Como se ha venido informando, ha sido numerosos los procedimientos judiciales que han enfrentado al Ayuntamiento y Generala. Los pleitos comenzaron en 2013 y finalizaron en 2019 con auto del Tribunal Supremo, mediante el cual el grupo Generala recuperaba la condición de agente público urbanizador de este PAI, que le fue revocada en 2015 por el pleno municipal al declararse la caducidad de la adjudicación de la condición de agente urbanizador.
Ahora, explica el concejal de Urbanismo, Santiago Cózar, “tras las intensas negociaciones de los últimos meses, con el objetivo de evitar la conflictividad y reiniciar las obras que restan por ejecutar en este sector, se ha logrado llegar al acuerdo que desbloquea y permite finalizar una de las zonas de expansión urbanística de la localidad, obras de urbanización de indiscutible interés público”.
Resarcir a Generala
El convenio aprobado el miércoles 4 de noviembre arbitra las bases de colaboración y compromisos entre las partes para el adecuado desarrollo y ejecución del citado Programa de Actuación Integrada (PAI), que permiten su total finalización y conclusión.
Establece un marco regulador que dota de seguridad jurídica a los agentes intervinientes hasta que culmine la obra pública y se recepcione por parte del Consistorio.
Por tanto, se ha procedido a rehabilitar a la mercantil Betula Servicios Integrales, S.L. (antigua Generala) como agente urbanizador para que ejecute las obras pendientes, así como la reposición de todos los elementos deteriorados por la paralización.
A su vez, se da cumplimento al dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del pasado 20 de septiembre, quien estimó parcialmente la reclamación formulada por la constructora y le reconoció el derecho a ser indemnizada con 904.581 euros, por la revocación de su condición de agente urbanizador, y con 460.236 euros, por la incautación de los avales.
Así pues, la promotora será resarcida con la cantidad de 1.364.818 euros, que el Ayuntamiento pagará en varias anualidades.
Obras a ejecutar
Entre las obras pendientes de ejecutar están la demolición de las líneas aéreas de baja, alta tensión y fibra óptica; la instalación del cableado aéreo de media tensión correspondiente al entronque aéreo subterráneo localizado al sur, fuera del sector; la instalación del cableado aéreo de baja tensión correspondiente al entronque aéreo subterráneo localizado en el vial Onil; el cableado de fibra óptica, a pasar por las canalizaciones ejecutadas bajo el viario de la urbanización; el entronque de la línea subterránea de media tensión que conecta la subestación con el sector y la ejecución del proyecto de instalación de una línea subterránea de media tensión de 20 kv.
Se trata de obras contempladas en el informe de valoración del coste de compleción y finalización de las obras de urbanización.
Cózar muestra su satisfacción por haber podido acercar posiciones durante las abundantes y duras negociaciones de estos meses y llegar finalmente a un acuerdo que califica de “productivo para ambas partes”.
El edil considera que el acuerdo es ventajoso para el Ayuntamiento, “teniendo en cuenta la reducción en más de un 80% de la cuantía que inicialmente reclamaba la empresa, más de 8 millones de euros, y la eliminación de la conflictividad judicial”. Explica que fue el alcalde, Rafael Serralta, “el que incitó a una solución fuera de los tribunales y quien ha liderado este acuerdo alcanzado, que era de interés general para el municipio y que conlleva que los propietarios de terrenos en la zona puedan empezar a construir sus viviendas en breve”.
Por su parte, Serralta indica que “esta zona quedará totalmente renovada, mostrando una cara acorde con lo que es Ibi y siendo una extraordinaria entrada al municipio. Además, recuerda todos los proyectos pendientes que existen en esta área, como la construcción de una zona deportiva, tras la demolición de las antiguas casas de los maestros; la contrucción del nuevo parque de bomberos en terrenos colindantes; y la futura residencia de personas mayores, “la gran prioridad municipal”.
Serralta señala que la mayoría de los proyectos ya están en marcha para poder disfrutar de ellos en 2021, a excepción del geriátrico “que, a pesar de que ya está redactado el proyecto arquitectónico y puestos a disposición de la Generalitat los terrenos municipales, siguiendo las instrucciones de la Conselleria, su construcción sigue bloqueada en Valencia. Aún así, no cesaremos en nuestro empeño hasta que, por fin, Ibi consiga tener un centro de estas características”.
Millón y pico de euros a la basura. Luego a hablar mal de Som Ibi, pero los que nos salen demasiado caros, con perdón, son otros. Rematar la jugada de tirar millón y pico de euros nuestros no del alcalde, sino de nuestros impuestos con la construcción de MÁS instalaciones deportivas, ya es el beso del chef que faltaba. Si no saben gestionar, dimitan y marchen en orden a las empresas privadas, si es que les acogen. El dinero de Ibi no se puede tirar así en plena y gravísima crisis.
Si es que Urbanismo y Partido Popular son tres palabras mágicas, que no pueden dar más que miedo y, por cierto, sonrojo. Aquí estamos, con una multa millonaria, y lo venden como un exitazo del ayuntamiento. Y, como la multa es poco, además vamos a gastarnos ese dinero que no tenemos en ladrillazos. Lo peor es la certeza absoluta de que, mientras Urbanismo y Partido Popular sean palabras conectadas, esto se va a volver a repetir.