La titular del juzgado número 1 de Ibi, Laura Seguí, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del llamado ‘caso Ave’, que investigaba las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública en el municipio durante los gobiernos de la popular Mayte Parra.
El auto de la juez recoge la petición realizada por el Ministerio Fiscal, en cuyo informe el fiscal señala que no ha quedado acreditada “la perpetración de la infracción penal”, entendiendo el Ministerio Fiscal “que los hechos objeto del procedimiento no son constitutivos de ilícito penal, se trata de irregularidades administrativas. Frente a las consideraciones en cuanto a la antijuridicidad de los diversos hechos objeto de las presentes, entiende el Ministerio Fiscal que la infraccio?n, de haberla, no lo sería en el orden penal, por no tener significación bastante para reputar el hecho constitutivo de delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal”.
El sobreseimiento de la causa, con fecha 24 de mayo, llega tras el fallecimiento en enero del que fuera primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo y Hacienda de Ibi, Miguel Ángel Agüera, principal encausado e imputado por cinco delitos económicos.
Así pues, el archivo del caso Ave pone fin a esta investigación, abierta en 2010 y todavía en fase de instrucción, donde figuraban otras catorce personas imputadas, entre expolíticos, empresarios y funcionarios.
Inicio de la causa
La causa se abrió a raíz de una denuncia de los socialistas ibenses, quienes presentaron pruebas ante la Fiscalía Anticorrupción de que en el Ayuntamiento se realizaban facturas duplicadas con importes que superaban el permitido por la ley para hacer la contratación directa; se daban trabajos a dedo a empresas que no eran las adjudicatarias de ningún servicio y se pagaban trabajos con precios supuestamente abultados. Algo que corroboró posteriormente el informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial.
El abogado del PSOE, José Luis Sánchez, considera que la investigación y la policía “no hicieron bien su trabajo” y que el principal imputado “fue conocedor con anterioridad de los registros y pudo destruir muchas pruebas”.
Tras el auto de la juez, todas las partes personadas en este proceso han decidido no recurrir la decisión de la juez y, por tanto, el procedimiento penal ha concluido sin que se haya llegado a una resolución sobre el fondo del asunto.
De las 20 personas implicadas en este proceso, a cinco se les archivó en 2018 su causa dada la fragilidad de los hechos imputables que pesaban contra ellos.
Entre los quince imputados que se mantenían en esta causa hay cuatro expolíticos: Agüera; Ana Sarabia, exconcejal de Servicios Públicos; Antonio Granero, exedil de Cultura y Hacienda, y José Valdés, edil de ADIi en la primera legislatura donde los independientes gobernaron dos años en coalición el PP. Valdés realizó trabajos para el Consistorio a través de sus empresas Valex Abogados SL y Vinciture.
También dos funcionarios: Ramón Pascual y Antonio José Jiménez Gea y el resto empresarios: Vicente Miguel Such (Intersa Levante SL); Juan Molina y Jaime Sánchez (Iluminación Elecfés SL); Tomás Morenate, Miguel Ángel Morenate y David Morenate (Alu-Cris); Emilio Javier Martínez y Adrián Martínez (Electricidad Neolux SL); e Ignacio Estevan Dols (Intersa).