El Ayuntamiento ha decidido intensificar la vigilancia y las medidas de seguridad en todo el municipio y, especialmente, en Castalla Internacional ante la oleada de robos y asaltos a viviendas que se están registrando en esta urbanización.
Así lo anunció el martes 14 de enero el alcalde, Antonio Bernabeu, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, a la que asistieron representantes de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.
Aunque Bernabeu matizó que los datos “no arrojan un incremento de este tipo de incidentes en el municipio”, explicó que los que ha habido se han concentrado, últimamente, en Castalla Internacional, lo que ha creado una gran alarma.
Para paliar esta situación, el Ayuntamiento ha previsto instalar cámaras de detección y lectura de matrículas, intensificar la vigilancia policial y aumentar el alumbrado público en aquellas zonas más oscuras. Medidas técnicas, como señalaba el alcalde, para acabar con estos incidentes y “dar tranquilidad a los vecinos”.
Durante la rueda de prensa, el alcalde también informó de la pronta incorporación de nuevos agentes de Policía para ocupar las tres plazas vacantes de interinos. Según Antonio Bernabeu, los municipios “estamos a la espera de que el Consell levante el veto a la contratación y se puedan incorporar los nuevos agentes”. Además, indicó, “el departamento municipal de Recursos Humanos ya tiene preparados los trámites para que esta contratación se demore lo menos posible”.
La plantilla en estos momentos está bajo mínimos ya que a la falta de personal se suma la baja por enfermedad de varios agentes, un hecho que dificulta las labores diarias de patrulla y vigilancia.
Dos años después de la controvertida aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales, en 2017, con la que el Consell del Botànic se propuso acabar con la figura de los agentes interinos en los municipios, una sentencia del Tribunal Constitucional que avala la contratación de policías locales en régimen de interinidad ha obligado al Gobierno autonómico a recular, introduciendo una enmienda en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2020, que se espera entre en vigor en breve.