La gran mayoría de los ayuntamientos de todo el país y, especialmente, los de esta comarca podrán afrontar la crisis económica desatada por el coronavirus con unas cuentas más saneadas que en la anterior crisis del 2008.
El Ministerio de Hacienda publicaba el martes 30 de junio los datos del endeudamiento de los consistorios, donde se constata que al cierre del ejercicio 2019 la deuda de las corporaciones locales rondaba los 23.236 millones de euros, un 10% menos que un año antes y un 47% más baja con respecto a 2012, cuando el pasivo de los municipios tocó máximos históricos y rebasó la barrera de los 40.000 millones. Además, el volumen de deuda acumulado a finales de 2019 supone el nivel más bajo en 16 años, según ha publicado el diario El País.
La clave de este éxito es fruto del severo ajuste que se impuso en España tras el rescate bancario a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, que entró en vigor en 2012.
Esta normativa, que sigue vigente, fija unos niveles máximos de deuda y déficit para las administraciones y un techo por encima del cual no se puede gastar, calculado en función del crecimiento económico, para evitar excesos en tiempos de bonanza.
Desde su puesta en marcha, las corporaciones locales han ido reduciendo sus números rojos a un ritmo de más del 8% por año en el último lustro.
Entre 2018 y 2019 la rebaja fue del 9,8%, hasta un total de 23.236 millones entre ayuntamientos, diputaciones, cabildos y entidades menores, el nivel más bajo desde 2003.
El resultado final se recoge ahora en las estadísticas publicadas por Hacienda: el 54% de los ayuntamientos tenía la deuda a cero al cierre de 2019, frente al 38% de 2012.
Sin embargo, no todos gozan de esta buena situación. De los 8.131 municipios que hay en España, unos 600 han aumentado su deuda desde los máximos de 2012.
Entre ellos, un pequeño pueblo castellonense llamado Navajas, que se ha convertido en la localidad con mayor deuda por habitante: cada uno de sus 716 vecinos debía 7.200 euros a finales del pasado año. Su deuda supera los más de cinco millones, un 9% más que en 2018. Le sigue Moraleja de Enmedio, en el sur de Madrid. Sus vecinos deben ahora 6.934 euros cada uno, frente a los 174 de 2012.
Flexibilizar la ley
Debido a este situación de bonanza, la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) lleva desde el inicio de la crisis sanitaria reclamando al Gobierno que permita a las entidades locales gastar el superávit en medidas para hacer frente a la situación mediante la flexibilización de la regla de gasto, una de las limitaciones de la Ley de Estabilidad para controlar el déficit de las administraciones públicas y que hace tiempo que los ayuntamientos piden que se relaje para ellos.
De momento, el Consejo de Ministros aprobó el 17 de marzo un real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 donde se permite a los ayuntamientos destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social.
En concreto, la medida permite adelantar el uso del superávit para dichas actuaciones y también amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles.
Este plan de choque social contempla una inversión de 600 millones de euros y de esta cifra total, la mitad procederá del superávit que inviertan los ayuntamientos, gracias a la flexibilización de la regla de gasto, en cuestiones que tengan que ver con atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus.
Los ayuntamientos tienen que calcular ahora el porcentaje que pueden destinar de sus remanentes de tesorería para estos asuntos. En el caso de Ibi, el remanente de tesorería del año 2019 ha sido de 2.794.877,72 euros.