El grupo municipal de EU ha solicitado al equipo de gobierno que “de manera inmediata se rescinda cualquier tipo de relación de prestación de servicios” entre la empresa Limpiezas Garvi S.L y el Ayuntamiento por entender que “se está dando en fraude de ley”.
En el informe presentado el jueves 28 de marzo por registro por la portavoz de EU, Noemí García, se detallan los trámites que ha seguido este contrato de limpieza de edificios públicos, que se firmó en 2009 y que se ha ido prorrogando hasta que en 2015 el Pleno aprobó una nueva prórroga, pese a que ya no estaba en vigor, y a juicio de EU se hizo “de manera indefinida, hasta la nueva licitación y adjudicación del servicio; estableciendo dicho acuerdo que sería por el tiempo indispensable para la finalización del expediente de contratación”.
Según EU, esta decisión contraviene el artículo 157 del RDL 2/2002, de 16 de junio (legislación aplicable en esa fecha), así como el artículo 11 de la misma normativa, que establece los requisitos de los contratos, y en su apartado 1 recoge: “Los contratos de las administraciones públicas se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, salvo las excepciones establecidas por la presente Ley y, en todo caso, a los de igualdad y no discriminación.”
Por todas estas razones, Esquerra Unida exige que se rescinda el servicio y que el Ayuntamiento lo preste a partir de ahora de manera directa, asumiendo a los trabajadores para que pasen a ser personal laboral del Ayuntamiento.
Municipalización
Los grupos de la oposición sacaron adelante en el pleno del 6 de marzo de 2017 una propuesta encaminada a iniciar los trámites para municipalizar el servicio de limpieza de edificios públicos. Para la oposición, la gestión directa de este servicio supondría un ahorro al Ayuntamiento de más de 156.600 euros anuales, puesto que se descontaría de la factura el 13 por ciento de gastos generales, el 6 por ciento de beneficio industrial y el 21 por ciento de IVA.
Sin embargo, el informe sobre la viabilidad de municipalizar este servicio que pidió el gobierno local concluía que, aunque el Ayuntamiento se ahorraría unos 164.000 euros correspondientes al beneficio industrial, parte de los gastos generales y el IVA, la municipalización del servicio supondría un incremento anual de 143.000 euros.