España, en su contexto de ser un país occidental, democrático, socialmente avanzado y económicamente fuerte, es, en otros aspectos como el judicial, un triste y lamentable ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. No hace falta ser jurista, ni experto en leyes para comprender el dictamen de la ONU respecto a la sentencia contra el exjuez Baltasar Garzón que en 2012 lo inhabilitó durante 11 años por un delito de prevaricación. Todo ello por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el caso ‘Gürtel’, uno de los asuntos de corrupción más sonados de la democracia que al final la justicia sí pudo probar, no sin antes encontrar en el camino cientos de trabas y zancadillas, que existía una trama corrupta de la cual el Partido Popular se benefició durante muchos años.

Ahora, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ahí es nada, le ha pegado un bofetón de los que duelen a todo un Tribunal Supremo, y por extensión a todo el entramado político-judicial que hay detrás. Este Comité, que sí es independiente con respecto a nuestro país, ha sido tajante en sus conclusiones, y considera que el juez Garzón no tuvo “acceso a un tribunal independiente e imparcial” en los procesos con los casos del Franquismo, –del que finalmente fue absuelto– y Gürtel, por lo que ha acordado que España, es decir, la administración pública, compense al exmagistrado por el daño causado.

Para los que no lo sepan, Garzón tuvo que presentarse como acusado en los dos procedimientos casi de forma simultánea y, sospechosamente, con los mismos jueces en las citadas causas. El organismo internacional ha calificado al Supremo en el caso Gürtel de “arbitrario e imprevisible” y subraya las nulas e incomprensibles explicaciones jurídicas de las que se valió esa comidilla de jueces para expulsar de la carrera judicial a uno de los magistrados más brillantes de los últimos 30 años en España.

Ahora, el dictamen de la ONU propone que España deberá de indemnizar al juez y “borrar los antecedentes penales” además de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido, si es que se puede compensar estar casi diez años sin poder ejercer una profesión de la que Garzón se siente especialmente ligado.

La decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas viene a dejar en evidencia, una vez más, el oscuro halo que subyace alrededor de un tribunal intoxicado por sus estrechas vinculaciones con el poder político, por sus prebendas y compensaciones inconfesables. Una justa decisión que aplasta la poca credibilidad que le queda a esta élite acomodada.