Abogados, procuradores, testigos, acusados y parejas de novios tienen en común que sus planes se están retrasando. ¿El motivo? Los dos únicos letrados de Ibi, cuya firma es imprescindible, están secundando al 100% la huelga nacional de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), respetando los servicios mínimos.
Uno de ellos es el secretario judicial Santiago González que reivindica: “tenemos infinidad de funciones que han ampliado desde 2009 con la Reforma de las Leyes Procesales y esto no ha ido acompañado de una adecuación salarial a nuestro puesto de trabajo”. Y señala además que desde entonces no han conseguido que el Minsterio de Justicia reconozca sus demandas.
Según los convocantes, desde el inicio de la huelga el 24 de enero hasta el pasado 8 de febrero se han suspendido hasta 100.000 actuaciones. Una de las principales demandas a nivel nacional es que cobren un 85% de lo que cobra un juez.
Las asociaciones convocantes son la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociacio?n Independiente de Letrados de la Administracio?n de Justicia (AINLAJ).
Hasta 357 actuaciones paralizadas
El partido judicial número 12 de Alicante tiene sede en Ibi y jurisprudencia sobre los municipios de la Foia de Castalla, abarcando a unos 50 mil ciudadanos. En esta demarcación se han suspendido 357 actuaciones del ámbito civil y penal. “No tenemos por qué expedir mandamientos de pago ni tramitar bodas porque no entra en los servicios mínimos. Esto está provocando quejas por parte del ciudadano”.
Entre las incidencias destacan hasta 161 demandas civiles repartidas y no incoadas, más de 100 certificaciones y fes de vida no atendidas o las 58 declaraciones penales de perjudicados, investigados o testigos que se han suspendido.
Lo que no se está haciendo, a causa de la huelga en los juzgados de Ibi, advierten los dos letrados, se está “señalando” –es decir, que se demorará– hasta al menos el mes de septiembre, y apunta el secretario judicial González que “eso es un lujo, porque hay juzgados que están señalando para 2024”.
“Hasta que el Ministerio quiera negociar”
Sobre como afecta a la Foia, apunta González que aquí solo tienen dos jurisdicciones: la de lo civil y la de lo penal, mientras que en una ciudad como Alicante tienen cinco. Pero aclaran que realmente es proporcional y no afecta más a una ciudad que a núcleos más reducidos.
Recuerda que ya hubo dos huelgas de dos días cada una en noviembre y diciembre y que el Ministerio no atendiera las reclamaciones ha supuesto que “el paro actual se prolongue de manera indefinida”.
Advierte asimismo que con la huelga “tenemos un poder inmenso, paralizamos todo el juzgado. Absolutamente todos los documentos que salen del juzgado los firmamos nosotros”. Por lo que el trabajo de los demás funcionarios también se ve afectado.
José Antonio Esteve, el otro letrado denuncia que la respuesta por parte del Ministerio está siendo “poca o nula”. Y González apostilla criticando que la ministra Pilar Llop no ha dicho nada y que el Secretario de Estado de Justicia, Rodríguez Esquerdo, ha dicho que es “una huelga política”. Los letrados se defienden señalando que entre las convocantes hay asociaciones de sesgo progresista.
El Ministerio está tratando de llegar a un acuerdo con CCOO, UGT y CSIF. “Sindicatos generalistas compuestos al 100% por funcionarios que están bajo nuestra dirección, por lo que no nos representan. No tenemos voz en la negociación”. Reclaman que la subida salarial se negocie con las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia.
Dado que solo hay dos trabajadores convocados en la Foia, no habrán protestas en sus municipios. Estas tienen lugar una vez a la semana en Alicante a las puertas de las principales sedes judiciales.
“Nunca en la vida he visto a un miembro de estos sindicatos generalista, que se supone que me representan, que venga y me diga que están pidiendo mejoras para nosotros. Ese es el problema de base”.
Ambos letrados remarcan que la huelga no está teniendo demasiada repercusión en los medios de comunicación.
Los dos letrados señalan que son ellos los responsables del resto de funcionarios de los juzgados y no los jueces y que tienen más de 600 funciones adicionales desde 2009. Piden una “cláusula de enganche” con lo que cobran los jueces, que se reconozca un porcentaje de los complementos que cobra un juez. Una claúsula que el Ministerio se comprometió a establecer tras la huelga de abril del año pasado. Por lo que los letrados del partido judicial de Ibi dejan claro que “mantendrán la huelga hasta que el Ministerio quiera negociar”.