Esta semana se ha conocido la decisión del Ministerio Fiscal de pedir el archivo de la causa contra el fallecido Miguel Ángel Agüera, y otras 14 personas más, en el conocido caso Ave. Han pasado más de 10 años y lo que parecía ser el caso de corrupción más grave de la historia de la democracia en Ibi quedará en agua de borrajas. Según este organismo público, los hechos que se han investigado “no constituyen delito penal”. Sin embargo, algunos letrados de las partes acusadoras opinan que la investigación y la policía no hicieron bien su trabajo y que el principal imputado fue conocedor con anterioridad de los registros domiciliarios por lo que pudo destruir muchas pruebas incriminatorias.
La instrucción de este caso arrancó en 2010 tras la denuncia del PSOE de Ibi ante la justicia, a la que su unieron el Ayuntamiento y otras formaciones políticas, por las sospechas de que el gobierno local, presidido por Maite Parra, pudiera haber incurrido en graves irregularidades en la contratación de obras públicas que se estaban desarrollando por entonces. A saber, piscina cubierta, Teatro Río o el Palacio de Justicia, entre otras. De la piscina municipal se conoce la sorprendente desaparición de varias facturas o la duplicidad de otras con los mismos importes y misma razón social; los 200 metros cuadrados de zahorra que se usaron junto a la instalación deportiva por un valor de 29.999 euros; o las escaleras de acceso a la piscina de verano por un precio similar de 29.900 euros; o los 700 euros por butaca del flamante y oneroso Teatro Río que, además, llegó a superar los tres millones de euros de sobrecoste. Nunca se sabrá qué pasó con esas irregularidades, ni nadie habrá para explicarlas. El Ministerio Fiscal entiende que estas anomalías en la gestión pública “no tienen transcendencia penal”, sino que debiera de “haberse denunciado por la vía administrativa”. Y así se cerrará la etapa más negra de la gestión municipal que ha vivido Ibi. Archivar el caso Ave no es un victoria para los ciudadanos, solo lo es para los que todavía quedaban imputados y sus allegados. Esta decisión judicial es el fracaso de una justicia que no ha tenido ni medios, ni interés en investigar un conjunto de prácticas en el ejercicio de la función pública poco transparentes, y posiblemente corruptas, que acabó llevándose por delante a toda una estirpe de políticos locales que creían ser intocables.
Para llegar hasta aquí se han necesitado decenas de funcionarios, policías, varios jueces y fiscales, abogados, peritos judiciales y mucho dinero público para que ahora todo quede en nada. Decepcionante. ¿Realmente ha sido necesario este derroche de recursos públicos para que finalmente se diga que todo lo investigado no tenía trascendencia penal? ¿No son estos los mismos hechos analizados ahora por el Ministerio Fiscal que los que fueron en un inicio de la denuncia? No es comprensible por qué ahora, de repente, el Ministerio Fiscal cambia su postura inicial. Como dice el refranero popular, para este viaje no hacían falta tantas alforjas.
En este país, si se comete un delito, hay que hacerlo lo más grande y complejo posible ya que el colapso en los tribunales de España ayudarán a salir impune. Esta es nuestra justicia. Punto y final.