El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) ha ganado una sentencia que condena al Ayuntamiento de Castalla a pagar 30.000 euros a dos trabajadores, por acoso laboral.
El Juzgado de lo Social número 2 de Alicante ha estimado la demanda de vulneración de derechos fundamentales interpuesta por los demandantes contra el Ayuntamiento de Castalla y el capataz.
Los hechos se remontan a 2019, cuando dos peones de la brigada de obras municipal presentan las primeras quejas ante sus superiores ante el trato vejatorio y el hostigamiento que estaban recibiendo por parte del capataz, según consta en la sentencia. Debido a la inacción de la administración, los trabajadores denuncian los hechos ante la inspección de trabajo, lo que provoca un “acoso más severo” y la situación desemboca en baja laboral. Según la sentencia, a los operarios se les desestimó también la ayuda psicológica que establecen los protocolos laborales municipales y decidieron, entonces, recurrir a la justicia.
El fallo de la sentencia declara la vulneración del derecho fundamental a la dignidad y a la salud de ambos afiliados al SEP-CV y condena a los demandados a indemnizar solidariamente a cada uno de los trabajadores con la cantidad de 15.000 euros.
Ambos trabajadores, de 40 y 44 años edad, continúan de baja laboral “por transtorno de un síndrome post-traumático de tipo dos, derivado de acoso psicológico laboral”, tal y como consta en la sentencia.
Contra este fallo, cabe recurso ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.