Con la reciente aprobación en pleno del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito para hacer frente al pago de 932 facturas pendientes por un importe de más de 4.100.000 euros, el equipo de gobierno ha dado por concluido el periodo de colapso económico iniciado en 2022.
Según expresaba el alcalde, Sergio Carrasco, “cerramos una etapa muy negra, una etapa que no tenía que haberse producido, y entramos en una etapa calificada de normal, que es lo lógico, con sus problemas normales”.
También la vicealcaldesa, Aitana Gandia, se refería al momento actual como “el más esperado, y creo que la corporación en general nos tendríamos que sentir más que satisfechos de habernos puesto al día para continuar trabajando con la máxima estabilidad posible”.
Tras la satisfacción por haber cerrado este periodo, ambos responsables políticos hablaron también de pedir al PP responsabilidades políticas por no haber contribuido a “paliar y corregir el problema que ellos mismos causaron”.
El primer edil recordaba que más del 60% de la cuantía del reconocimiento extrajudicial de crédito, pertenece a la gestión del Partido Popular y criticaba que no hubiesen apoyado en el pleno esta medida. “No solo decidieron no hacerlo, sino que además intentaron impedir que saliera adelante solicitando que el punto quedara sobre la mesa, lo que hubiera carreado consecuencias judiciales para este Ayuntamiento al enfrentarse a las denuncias de los proveedores, lo que a la postre supondría un importantísimo perjuicio económico, tanto para el propio pueblo de Ibi como para las empresas proveedores”.
Por su parte, la vicealcaldea se refirió a la responsabilidad del equipo de gobierno de haber levantado la mano “por nuestras facturas desde 2023, pero también por la anteriores”.
Un jamón de 400 euros
Carrasco y Gandia entraron en detalle sobre la magnitud de algunas de las facturas pendientes, como el suministro de luminaria Led para, entre otros, el barrio Mirasol y la Plaza de Gelaors, cuyo contrato se adjudicó a finales de 2022 por 100.000 euros, “pero no se pagó nada”, señalaba el alcalde.
También certificaciones de la obra de la planta baja del edificio de oficinas de la fábrica Rico, adjudicada por 191.179 euros y de la que se deben todavía 184.740.
Asimismo, del primer semestre de 2023 se deben 95.000 euros por las obras de la pista cubierta del polideportivo y otros 170.000 euros de las obras del balneario.
La vicealcaldesa explicó que hay facturas sin ningún tipo de retención de crédito, sin ningún tipo de contrato, “únicamente eran acuerdos verbales para prestar un servicio, pero, efectivamente, estos proveedores reclamaban que se había prestado un servicio y se debía de pagar”.
Gandia habló de eventos de motos, cuotas sin abonar del consorcio de bomberos, decoraciones, servicios de pirotecnia para la fiesta de Reyes por importe de 3.000 euros o el mercado de Navidad, que arrastra 5.000 euros en deudas. Pero también, de los más de dos millones de euros que se deben a la empresa de residuos y de limpieza, de los 100.000 euros pendientes por la reparación de caminos rurales y “especialmente graves, un menú concertado por 946 euros, que no tiene ni RC ni contrato, pero además es que no sabemos para qué es, y el que ya se lleva la palma es el famoso jamón por 400 euros, cuya factura estaba en un WhatsApp”.
El alcalde explicó que el remanente de tesorería obtenido con los cierres de todos los ejercicios contables permitirá pagar las deudas pendientes y volver a recupera la confianza de los proveedores. El alcalde enumeró también los proyectos pendientes, asegurando que, “todavía queda trabajo por hacer y nosotros vamos a seguir haciéndolo”.
Abono de la deuda
Según explicó el concejal de Hacienda, David Rojas, ahora se procederá a hacer un volcado masivo de facturas, a través de un sistema informático que proporcionará la empresa que lleva el aplicación contable del Ayuntamiento. “Espero que ese proceso no dure más de una semana. y en el momento en que estén ya firmadas por la tesorera y la interventora, pues se va a pagar. Lo normal es que, salvo que haya
algún problema técnico, durante el mes de noviembre se queden saldadas esas facturas.
El PP cuestiona la legalidad del reconocimiento de crédito aprobado por urgencia
El Grupo Municipal Popular ha arrojado serias dudas sobre la legalidad del reconocimiento extrajudicial de crédito que el Partido Socialista y Som Ibi aprobaron en el pleno del 4 de noviembre, por valor de más de 4 millones de euros y por urgencia.
Según explica su portavoz, Maite Peñalver, tras la lectura de informes de Secretaría, TAG de Hacienda e Interventora Accidental “se nos plantea la duda de si se podrían estar incurriendo en ciertas irregularidades, como es que sea el Pleno el que dé la orden del pago de facturas que ya están pagadas”.
Por otro lado, critica que el equipo de gobierno hable de herencia “cuando han incluido facturas de 2025 (ejercicio actual) por valor de casi 60.000 euros y además encontramos facturas conformadas por un concejal, cuando debería ser un técnico el órgano gestor tal como indica el informe de intervención. Hablando llanamente podríamos decir que se le pone una “manta encima y a correr”.
Desde el Partido Popular exigen al actual equipo de gobierno “que liquide de una vez por todas estas deudas con empresas y proveedores, muchas de ellas de nuestro propio municipio, y que no ha sido capaz de abordar en los más de 2 años que lleva de legislatura. Si bien, al mismo tiempo exigimos un procedimiento claro, transparente y conforme a la ley, con todas las garantías”. Peñalver, incluso se pregunta, si el concejal que vote a favor “¿estaría prevaricando?”.