A partir de diciembre, la Sociedad Protectora de Animales y Ambiental de Ibi dejará de prestar el servicio de recogida de animales en Onil, Tibi, Muro y Concentaina; cuatro municipios, además de Ibi, con los que tiene suscritos convenios. Esta decisión ha sido adoptada por el Ayuntamiento, en vísperas de la renovación del convenio que tiene con la protectora y a la vista de la saturación que padece el albergue de animales.
Según explica la edil responsable del área, “lo que debía haber sido una situación temporal y excepcional, en la que Ibi ayudaba y colaboraba con municipios de la zona, se ha convertido en una realidad perjudicial para el municipio motor de este servicio y que se ha de frenar. No es Ibi quien ha de dar solución ni sufragar de manera reiterada los problemas de otras poblaciones, cada pueblo ha de aplicar sus políticas para dar solución a este tema y desde aquí se ha facilitado siempre la colaboración durante muchos años”.
La colaboración con el resto de municipios se lleva prácticando desde hace cinco años y, según indica Tello, estas localidades pagan exclusivamente la manutención de los animales que se recogen y sus traslados al albergue. Además, añade, aunque en los convenios se establece un número determinado de animales a recoger, en la práctica es más del doble y esto se ha traducido en una masificación, puesto que de unas instalaciones adecuadas para 100 animales se ha pasado a 300.
La edil señala que el Consistorio ibense es el que se hace cargo del mantenimiento del albergue, tanto de los servicios básicos como los arreglos, y otorga una subvención a la protectora de 26.000 euros anuales. Así pues, considera Ana Tello que Ibi ha asumido un trabajo “que no nos pertoca y que nos trae problemas extra y gastos extra que se ha prolongado excesivamente en el tiempo. La decisión tomada es no perjudicar por más tiempo a nuestros ciudadanos, a los animales ni a nuestras instalaciones. Cinco años, en el caso de algunas poblaciones, es tiempo más que suficiente para buscar soluciones, bien con la construcción de un albergue mancomunado o con la construcción de uno propio”.
Esta decisión fue apoyada por todos los grupos políticos, la abstención de Compromís y el visto bueno de la Protectora de Animales y trasladada el 8 de septiembre a los ayuntamientos de los municipios afectados.