El caso Ave que instruye desde 2010 el juzgado número 1 de Ibi por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de la popular Mayte Parra entra en su recta final y, salvo suspensión de última hora, se ha fijado para octubre la comparecencia que fijará la acusación contra los investigados en esta causa.
De las 20 personas implicadas en este proceso, entre expolíticos, funcionarios y empresarios de la construcción, a cinco de ellos se le ha archivado la causa recientemente “dada la fragilidad de los hechos imputables que pesaban contra ellos”, según señalan fuentes de la acusación particular.
Se trata de la exedil del PP Rosa Ibáñez, de los empresarios César Morenate Fresneda, Joaquín Ridaura Morenate y Juan Antonio Morenate Cañadas, de Construcciones Morenate y Ridaura, y Andrés Martínez Parra, socio de Neolux.
Según las citadas fuentes, pesaban sobre ellos delitos de cohecho, relacionados principalmente por su vinculación con Miguel Ángel Agüera, primer teniente de alcalde popular entre 2003 y 2012 (año que fue detenido) y principal acusado.
En cuanto a Rosa Ibáñez, en su declaración en enero de 2015 admitió ante la juez que firmó facturas bajo la presión de la entonces alcaldesa Mayte Parra y el concejal Miguel Ángel Agüera y que tuvo que dimitir por sus fuertes discrepancias con ambos, hecho que le costó además una enfermedad.
Aunque la fase de instrucción está llegando a su recta final, no se descarta que puedan archivarse las denuncias contra otros investigados en este proceso porque, como reconocen desde la acusación particular, el interés judicial se centra en Agüera, como máximo responsable.
Entre los quince imputados que se mantienen en esta causa hay cuatro expolíticos: Agüera; Ana Sarabia, exconcejal de Servicios Públicos; Antonio Granero, exedil de Cultura y Hacienda, y José Valdés, edil de ADIi en la primera legislatura donde los independientes gobernaron dos años en coalición el PP. Valdés realizó trabajos para el Consistorio a través de sus empresas Valex Abogados SL y Vinciture.
También dos funcionarios: Ramón Pascual y Antonio José Jiménez Gea y el resto empresarios: Vicente Miguel Such (Intersa Levante SL); Juan Molina y Jaime Sánchez (Iluminación Elecfés SL); Tomás Morenate, Miguel Ángel Morenate y David Morenate (Alu-Cris); Emilio Javier Martínez y Adrián Martínez (Electricidad Neolux SL); e Ignacio Estevan Dols (Intersa)
La causa se abrió a raíz de una denuncia de los socialistas ibenses, quienes presentaron pruebas ante la Fiscalía Anticorrupción de que en el Ayuntamiento se realizaban facturas duplicadas con importes que superaban el permitido por la ley para hacer la contratación directa; se daban trabajos a dedo a empresas que no eran las adjudicatarias de ningún servicio y se pagaban trabajos con precios supuestamente abultados. Algo que corroboró posteriormente el informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial.