El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado el recurso de la empresa Viviendas Jardín, que reclamaba 1.334.212 euros al Ayuntamiento de Ibi por responsabilidad patrimonial contractual, después de que se anulara un plan de actuación integrada en la zona conocida como Finca Barberá, de la que tenía la condición de agente urbanizador.
El Ayuntamiento acordó en 2008 anular la aprobación del plan parcial, donde la empresa tenía previsto construir 350 chalés y ésta solicitó una indemnización de 1,3 millones de euros. El Consistorio lo denegó en 2010 y tres años después, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Alicante dictó sentencia donde le daba la razón al Ayuntamiento de Ibi porque su actuación se ajustaba a derecho.
Esa sentencia ha sido ratificada ahora por el TSJCV tras desestimar el recurso de apelación presentado por la mercantil.