Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha declarado nulo un acuerdo plenario del 9 de mayo de 2014 mediante el cual los concejales del Partido Popular y UCiD, más el edil no adscrito Álvaro Palma, aprobaron la construcción de un nuevo depósito de 5.000 metros cúbicos en la Espartosa por un importe aproximado de 1’2 millones de euros.
Las obras fueron adjudicadas directamente a la actual empresa concesionaria del servicio público de agua potable de Castalla, cuando la legislación señalaba que los contratos de más de 200.000 euros debían asignarse tras un concurso abierto, infringiendo con ello las más elementales normas de contratación del sector público.
Cabe destacar que, además, este punto contaba con informes en contra tanto de la Secretaría como de la Intervención municipal, que advertían de la necesidad de licitar estas obras, y aun así fue aprobado.
Una empresa que vio vulnerados sus derechos por esta adjudicación ‘a dedo’, Aguas de Valencia, denunció esta circunstancia en un recurso que fue estimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en julio de 2015, un mes y medio después del comienzo de la presente legislatura.
En su posterior sentencia, el tribunal alicantino ya declaraba la nulidad del acuerdo plenario del 9 de mayo de 2014, pero la actual concesionaria apeló al Tribunal Superior de Justicia.
Finalmente, el pasado 26 de enero, el TSJ-CV desestimaba el recurso de apelación de la actual empresa suministradora, en una sentencia que es firme desde el miércoles 14 de marzo. Hasta esta última fecha solo cabía un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de la mercantil.
Los ciudadanos de Castalla llevan dos años pagando las obras de este depósito a través de una subida del 8% en las tarifas del agua potable, algo que también se aprobó en aquel pleno y que ahora habría que dejar sin efecto, cumpliendo con la sentencia del TSJ-CV, que obliga a volver a la situación anterior al 9 de mayo de 2014.
Así, el cumplimiento de esta sentencia obligaría a eliminar la subida del 8% en el recibo del agua que soportan actualmente los vecinos del municipio, si bien el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo del pago a la concesionaria del importe restante de las obras del depósito, puesto que las instalaciones están actualmente en funcionamiento y se podría acusar al Consistorio de enriquecimiento ilícito.
En este sentido, el alcalde, Antonio Bernabeu, ha encargado a la Diputación de Alicante una valoración “objetiva” del valor del depósito cuando se construyó. A partir de ahí, y teniendo en cuenta los aproximadamente 200.000 euros ya pagados por todos los vecinos de Castalla, a través del recibo del agua, así como el deterioro o amortización del referido depósito, se estimaría el importe que aún se adeuda a la empresa.
Bernabeu anuncia que, llegados al caso en que se demostrara que se ha producido un perjuicio económico para la localidad, y si se vieran afectadas las arcas municipales, la actual Corporación estaría obligada a pedir responsabilidades a los concejales que dieron su consentimiento y aprobación en el pleno del 9 de mayo de 2014, siendo alcalde el popular Juan Antonio Candela, en coalición con la UCiD de Juan Antonio Rico.
El primer edil aclara que el depósito “era necesario para regular los caudales de agua potable y que no se produjeran problemas de desabastecimiento en ninguna zona del término municipal de Castalla”. Sin embargo, si se hubiera convocado concurso público, el Ayuntamiento hubiera podido elegir entre varias ofertas e incluso haberse beneficiado de mejoras en los pliegos de condiciones de las empresas y ofertas de construcción del depósito, que de esta forma no han tenido lugar. La libre concurrencia de distintos ofertantes posibilita la existencia de mejoras y rebajas en los costes de construcción.
No obstante, al haberse realizado las obras del depósito por parte de la empresa concesionaria, el Ayuntamiento se ahorró en aquel momento el 21% correspondiente al IVA, ya que se trataba de obras propias del servicio que estaban exentas de este impuesto, según explican las fuentes consultadas por este periódico.
Con la adjudicación directa, el depósito comenzó a construirse un mes y medio después del acuerdo plenario, mientras que con un proceso abierto por la vía de urgencia, los plazos de contratación se reducen a la mitad. Así, técnicos municipales estiman que este proceso por vía de urgencia se hubiera alargado como mucho dos semanas más del que trascurrió mediante la asignación directa.
Pero no acaba ahí la cosa, porque el actual alcalde advierte de que la asignación directa de un contrato de obra pública por importe superior a 200.000 euros puede suponer un delito de prevaricación, al haberse infringido la norma legal de la Ley de Contratos del Sector Público, con graves consecuencias para quienes en aquel momento votaron a favor de esta adjudicación.
Nunca hubo un pleno en Castalla el 9 de mayo de 2014. Deberíais actualizar la información. El único pleno que se celebró en castalla en mayo de 2014 fue el 28. Gracias.
En respuesta al comentario anterior, esta redacción no puede más que hacer un extracto del párrafo de la sentencia de la sección 5ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ-CV: "Debo acordar la nulidad del acuerdo del pleno del Excmo. Ayuntamiento de Castalla de 9 de mayo de 2014, donde se aprobó (...) la construcción de un depósito de 5.000 metros cúbicos". Un saludo.
¿Acaso no entraba la construcción del depósito de agua en el Proyecto de Castalla Internacional ¿Qué ha pasado Creo que la ciudadanía nos merecemos las explicaciones pertinentes por parte de quien le corresponda y por último saber Al final ¿Cuál será el importe a pagar por las deficiencias de Castalla Internacional por parte los contribuyentes