Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Co­munidad Valenciana (TSJ-CV) ha declarado nulo un acuerdo plenario del 9 de mayo de 2014 me­­diante el cual los concejales del Partido Popular y UCiD, más el edil no adscrito Álvaro Palma, aprobaron la construcción de un nuevo depósito de 5.000 metros cú­bicos en la Espartosa por un im­­porte aproximado de 1’2 mi­llo­nes de euros.

Las obras fueron adjudicadas di­rectamente a la actual empresa concesionaria del servicio público de agua potable de Castalla, cuando la legislación señalaba que los contratos de más de 200.000 euros debían asignarse tras un concurso abierto, infringiendo con ello las más elementales normas de contratación del sector público.

Cabe destacar que, además, este punto contaba con informes en contra tanto de la Secretaría como de la Intervención municipal, que advertían de la necesidad de licitar estas obras, y aun así fue aprobado. 

Una empresa que vio vulnerados sus derechos por esta adjudicación ‘a dedo’, Aguas de Va­lencia, denunció esta circunstancia en un recurso que fue estimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en julio de 2015, un mes y medio después del comienzo de la presente legislatura.

En su posterior sentencia, el tribunal alicantino ya declaraba la nulidad del acuerdo plenario del 9 de mayo de 2014, pero la actual concesionaria apeló al Tribunal Superior de Justicia. 

Finalmente, el pasado 26 de enero, el TSJ-CV desestimaba el recurso de apelación de la actual empresa suministradora, en una sentencia que es firme des­de el miércoles 14 de marzo. Has­ta esta última fecha solo cabía un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de la mercantil.

Los ciudadanos de Castalla lle­­van dos años pagando las obras de este depósito a través de una subida del 8% en las tarifas del agua potable, algo que también se aprobó en aquel pleno y que ahora habría que dejar sin efecto, cumpliendo con la sentencia del TSJ-CV, que obliga a volver a la situación an­te­rior al 9 de mayo de 2014. 

Así, el cumplimiento de esta sentencia obligaría a eliminar la subida del 8% en el recibo del agua que soportan actualmente los vecinos del municipio, si bien el Ayuntamiento tendría que ha­cer­se cargo del pago a la concesionaria del importe restante de las obras del depósito, puesto que las instalaciones están ac­tualmente en funcionamiento y se podría acusar al Consistorio de enriquecimiento ilícito.

En este sentido, el alcalde, An­to­nio Bernabeu, ha encargado a la Diputación de Alicante una va­loración “objetiva” del valor del depósito cuando se construyó. A partir de ahí, y teniendo en cuenta los aproximadamente 200.000 euros ya pagados por todos los vecinos de Castalla, a través del recibo del agua, así co­mo el deterioro o amortización del referido depósito, se estimaría el importe que aún se adeuda a la empresa. 

Bernabeu anuncia que, llegados al caso en que se demostrara que se ha producido un perjuicio económico para la localidad, y si se vieran afectadas las arcas municipales, la actual Corporación estaría obligada a pedir responsabilidades a los concejales que dieron su consentimiento y aprobación en el pleno del 9 de mayo de 2014, siendo alcalde el popular Juan Antonio Candela, en coalición con la UCiD de Juan Antonio Rico.

El primer edil aclara que el depósito “era necesario para re­gular los caudales de agua po­table y que no se produjeran problemas de desabastecimiento en ninguna zona del término mu­nicipal de Castalla”. Sin em­bargo, si se hubiera convocado concurso público, el Ayuntamiento hubiera podido elegir entre varias ofertas e incluso haberse beneficiado de mejoras en los pliegos de condiciones de las empresas y ofertas de construcción del depósito, que de esta forma no han tenido lugar. La libre concurrencia de distintos ofertantes posibilita la existencia de mejoras y rebajas en los costes de construcción. 

No obstante, al haberse realizado las obras del depósito por parte de la em­presa concesionaria, el Ayuntamiento se ahorró en aquel momento el 21% co­rrespondiente al IVA, ya que se trataba de obras propias del servicio que estaban exentas de este im­puesto, según explican las fuentes consultadas por este periódico.

Con la adjudicación directa, el depósito comenzó a construirse un mes y medio después del acuerdo plenario, mientras que con un proceso abierto por la vía de urgencia, los plazos de contratación se reducen a la mi­tad. Así, técnicos municipales es­ti­man que este proceso por vía de urgencia se hubiera alargado co­mo mucho dos semanas más del que trascurrió mediante la  asignación di­recta.

Pero no acaba ahí la cosa, porque el actual alcalde advierte de que la asignación directa de un contrato de obra pública por im­­porte superior a 200.000 euros puede suponer un delito de prevaricación, al haberse infringido la norma legal de la Ley de Contratos del Sector Público, con graves consecuencias para quienes en aquel mo­mento votaron a favor de esta adjudicación.